El edificio de la Sala Quinta entra en pleito institucional

Gilberto Soto (gilberto.

soto@epasa.

com) / PANAMA AMERICA La eliminación de la Sala Quinta de Garantías Constitucionales generó una medición de fuerza entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Salud (MINSA).

Ambas instituciones se disputan ahora el edificio 238 que se habilitó para albergar la fracasada Sala.

Los magistrados planean utilizar el bien para la sede del Tribunal de Apelaciones Marítimas; mientras que en el MINSA intentan rescatarlo para reubicar las direcciones que allí se alojaban (servicios de salud, almacén y administración de préstamos del BID).

Harley Mitchell, presidente de la Sala Primera de lo Civil, propuso que la infraestructura acondicionada por la Corte (120 mil dólares) se utilice para resolver todos los aspectos relacionados con daños causados por barcos o naves que pasen por Panamá y tengan obligaciones laborales con otros barcos o con el medio ambiente.

A juicio del magistrado Oydén Ortega, es una propuesta que “en consenso tiene buena acogida” luego de que se haya acordado, por “la paz y armonía del país”, derogar la Ley N.

°32 de 1999, que creó la Sala Quinta.

“Una vez se concrete la intención, corresponderá al pleno de la Corte nombrar a los tres magistrados del Tribunal Marítimo”, expresó.

Ortega no profundizó si se barajan nombres de los posibles magistrados, pero enfatizó que se trata de una mora que tiene el sistema judicial en cuanto al nombramiento de los nuevos magistrados por falta de infraestructura y presupuesto.

“Hay más de 40 juzgados que no están funcionando por falta de presupuesto”, puntualizó Ortega.

Rescate.

Mientras en la Corte se define el uso del edificio, en el MINSA una alta fuente de la institución explicó que el edificio 238 debe retornar a la institución porque se trata de un bien que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cedió al MINSA, bajo la figura de “uso y administración”.

La fuente detalló que a raíz de la petición de los magistrados para alojar a la Sala Quinta, la entidad se despojó de la infraestructura, pero que fracasada la intención, no existen razones para que la misma permanezca en manos de la Corte.

La fuente agregó “esto representó un gasto adicional para nosotros porque tuvimos que recurrir a los servicios de alquiler, a fin de ubicar a las tres direcciones que allí se encontraban.

Es necesario que se recupere porque ahora las oficinas están dispersas”.

Sin embargo, admitió que será la oficina de bienes patrimoniales del MEF la que definirá si detienen el proceso de traspaso del edificio a la Corte o permanece bajo la administración del MINSA.

“De las propiedades del Estado, el MEF es el que decide a quién se las otorga para su uso.

No se puede hablar de venta”, acotó.

Sobre el tema se conoció que en el MEF todavía se realizan los trámites de traspaso de la infraestructura, como solicitó la Corte.

Oficinas.

El pasado 23 de mayo, en un recorrido de inspección que hizo el presidente de la Corte , Alejandro Moncada Luna, a las instalaciones de lo que sería la Sala Quinta, advirtió sobre la necesidad de utilizar el bien cuanto antes para evitar el deterioro del equipo y aprovechar el recurso invertido.

Las declaraciones de Moncada se dieron por el acondicionamiento del lugar sin que para entonces el Ejecutivo designara a los tres magistrados que ocuparían el lugar recién remodelado.

El edificio de tres plantas fue acondicionado con tres despachos superiores, oficinas de cómputo, archivo, seguridad, una cocina, una recepción y una sala de reuniones.

La preocupación de Moncada fue resuelta por el Consejo de Gabinete el 14 de junio, cuando se designó a Arturo Vallarino, Anabelle Padilla Lozano y Lilia Herrera como los magistrados encargados de agilizar, según la génesis del proyecto de ley N.

°32, los recursos de Derechos Humanos más expeditos, conforme lo establece la Constitución.

La iniciativa fue abortada por el Ejecutivo tras los enfrentamientos ocurridos en la Asamblea Nacional, entre grupos políticos y de la sociedad civil que exigían la derogación de la ley.

de la discordia mil dólares es la inversión que hizo la Corte en la remodelación de un edificio para la Sala Quinta.

es el edificio remodelado que el MINSA reclama porque le fue cedido para uso y administración.

magistrados del Tribunal de Apelaciones Marítimas podrían ocupar el edificio.