“Ley de Blindaje” surte efecto en casos contra los diputados
El Código Procesal Penal otorga dos meses a los magistrados para que investiguen a diputados en procesos penales. En cinco años se han recibido 60 denuncias contra parlamentarios, suplentes y miembros del Parlacen ante la Asamblea; solo una está vigente.
De las 60 denuncias que se han presentado en la Corte Suprema de Justicia contra diputados, suplentes y miembros del Parlacen en los últimos cinco años, solo una se encuentra vigente, el resto ha sido archivada.
Para quien fue parte de esta máxima corporación de justicia, Esmeralda Arosemena de Troitiño, este fenómeno se registra debido a que los magistrados no están haciendo su trabajo.
“No han hecho lo que tienen que hacer, que es investigar, para determinar si hay o no caso y se procesa al diputado que estuviese denunciado”, agregó Arosemena de Troitiño.
Detalló que esta acumulación de expedientes está en cada una de las instancias judiciales, pero se ve marcada mayormente en el caso de las investigaciones de los diputados por tratarse de un proceso especial que tiene muchas complejidades.
Sumado a esta falta de voluntad, los casos han tenido que ser archivados por haberse vencido los términos de las investigaciones, tras la aprobación de la “Ley de blindaje a los diputados”, que entró en vigencia en noviembre de 2012. Esta legislación indica que el magistrado fiscal deberá concluir la investigación dentro de los dos meses siguientes a su inicio.
Con la entrada en vigencia del Código Procesal, en las investigaciones a los diputados se aplica el Sistema Penal Acusatorio (SPA). Por tal motivo, la Corte, dentro de sus miembros, debe asignar a un magistrado para que haga la función de fiscal y a otro magistrado que debe hacer de juez de garantía.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal es más enérgico en su opinión. Consideró que esta moratoria, al final, concluye con el archivo de las investigaciones, lo que es visto como una complicidad de los magistrados cuando les toca investigar a diputados y, por ende, reciben el mismo tratamiento.
“Caimán no come caimán”. En estos términos se refirió Bernal para describir las situaciones legales que se realizan en la Corte contra los diputados.
Bernal afirmó que esto es lo que se conoce como el famoso pacto de no agresión entre diputados y magistrados, que a su juicio no será roto por el hecho de que en estos momentos se esté investigando a Alejandro Moncada Luna.
Sin embargo, el exprocurador Rogelio Cruz planteó que este pacto de no agresión pudiera dejarse de aplicar en ciertos casos, principalmente contra magistrados.
Para Cruz ,la intención es obtener el control de la Corte por parte del presidente Juan Carlos Varela, en abierta referencia al caso de Alejandro Moncada Luna, donde ya fue separado de su cargo y se le han aplicado otras medidas cautelares.
Cruz sustenta sus argumentos tomando en cuenta que en estos momentos existe el pacto de gobernabilidad entre el partido gobernante y diputados del PRD.
Querella a magistrados
En medio de este escenario, miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) marcharon hasta la Asamblea Nacional para interponer una querella penal contra tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por delitos contra la Administración de Justicia, dentro del caso del asesinato de Osvaldo Lorenzo.
A raíz de esta denuncia, otros dos magistrados de la CSJ y un suplente pudieran correr la misma suerte que Moncada Luna.
Se trata de los magistrados Harry Díaz, Víctor Benavides y Luis Mario Carrasco, este último suplente del presidente de la Corte, José Ayú Prado.
La querella surge luego de que el 11 de septiembre la Sala de lo Penal, conformada en ese momento por estos tres magistrados, decretara una nulidad de la condena a 20 años de prisión contra Rogelio Ramos, tras un enfrentamiento a tiros ocurrido el 14 de agosto de 2007, que terminó con la vida del obrero Osvaldo Lorenzo.
La querella penal que fue recibida por el secretario general de la Asamblea Nacional, Franz Wever, acusa a los magistrados de extralimitación de funciones.
Queremos que se juzgue a los tres magistrados como a Moncada Luna, puntualizó Saúl Méndez, dirigente del Suntracs y quien encabezó la delegación de unos 300 obreros de la construcción que se dieron cita en los predios de la Asamblea Nacional de Diputados.
En estos casi cuatro meses de periodo legislativo, se han presentado seis denuncias contra magistrados de la Corte en la Asamblea Nacional, según reveló Wever.
Para Esmeralda de Troitiño, lo ideal es que la Corte no tenga que investigar a los diputados y viceversa.
“Deben ser otros entes”, propone la exmagistrada Esmeralda de Troitiño, sin embargo, reconoce que así lo establece la Constitución y las leyes, por lo tanto, debe respetarse dicho proceso.