'Supuesto testigo de escuchas telefónicas nunca ha existido'

Una contradicción que podría ser determinante en el caso que se investiga contra el exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez, fue revelado por la defensa del exfunionario, la cual señaló que ahora las autoridades no hablan de un supuesto testigo protegido, sino de un "simple denunciante".

Ayer el equipo legal de Pérez y algunos familiares repudiaron cómo se ha manipulado el caso, haciendo alusión a un testigo protegido del cual se han pedido pruebas, pero no solo se han negado, sino también que en una de las audiencias preliminares se ha explicado que es un "simple denunciante".

Ante esto, abogados coinciden en que se han violentado derechos y garantías fundamentales de Gustavo Pérez, lo que ha mermado su salud, pues lo han retenido sin fundamentos por casi 563 días.

Incluso no se ha concedido un cambio de medida cautelar, negando "un cúmulo de pruebas a favor del mismo, lo que se traduce en violación al derecho a la defensa".

Ello, con base en que la Fiscalía Segunda Anticorrupción ha ordenado la detención preventiva de Gustavo Pérez, violando el artículo 2033 del Código Judicial, relacionado con el vencimiento del término de investigación, e incluso la propia prórroga concedida por un tribunal".

Esta situación también fue lamentada por la madre de Pérez, Gerta De La Ossa, quien pide la libertad de su hijo, pues lleva un año y siete meses detenido sin que se le hayan encontrado pruebas en su contra.

"No entiendo la rabia que le tienen a una persona inocente", dijo Gerta De La Ossa, al cuestionar la forma como las autoridades han manejado el caso de su hijo.

Y es que en una conferencia de prensa acompañados por militantes de Cambio Democrático (CD), se informó que cada vez que se está cerca de una posible libertad para Gustavo Pérez, las autoridades del Ministerio Público (MP) abren un nuevo expediente para impedir su liberación.

Un juzgado había ordenado una medida cautelar distinta a la detención preventiva a favor de Gustavo Pérez, en el caso de los pinchazos telefónicos, sin embargo, una sentencia que lo condena a seis años de prisión por portar armas de colección en su casa, lo mantuvo privado de su libertad.

Ahora los abogados de Pérez interpusieron una apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia contra la sentencia, que de ser admitida suspende la decisión del juzgado, por lo que debería estar libre, pero se estanca con el nuevo proceso.

También aclararon que se mantiene el estado de inocencia de su defendido, lo que obliga a su presunción y el cumplimiento de los regímenes inquisitivos como la "presunción de culpabilidad".