Un Pacto que nadie sabe si se está cumpliendo

El Gobierno Nacional apostó por un pacto nacional, llamado Bicentenario, el cual luego de más de un año y medio de haberse entregado, afirma que está cumpliendo, ante el escepticismo de quienes no piensan así.

Según los gestores del acuerdo, este esfuerzo contó con la participación de diversos sectores a nivel nacional, además de la participación ciudadana a través de una plataforma digital llamada Ágora.

En una rendición de cuentas correspondiente a noviembre de 2022, un año después que se entregaran las propuestas, la administración de Laurentino Cortizo afirma que de 188 consensos alcanzados ejecuta 92 acciones, con una inversión de $3,408 millones.

De acuerdo con el informe del Órgano Ejecutivo, las acciones en ese mes mostraban avance de 63%, con 25 proyectos terminados y 67 en ejecución, principalmente en obras públicas, turismo y educación.

Agrega el Gobierno que, como parte del cumplimiento de los acuerdos, ha instalado 52 puentes en todo el país, con una inversión de $44.2 millones y 509 tanques de agua en escuelas y comunidades.

En las últimas semanas, el Gobierno está realizando un gabinete especial para ver los proyectos prioritarios por cada cartera, en el que asegura que está cumpliendo con el Pacto Bicentenario, sin embargo, ¿quién garantiza que sea cierto?

Enrique de Obarrio, dirigente empresarial, formó parte de la comisión de alto nivel que trabajó un mecanismo de verificación y seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos.

"La propuesta no solo consistió en un esquema de seguimiento, sino también en una propuesta de ley para amarrar el cumplimiento", informó de Obarrio, quien agregó que luego de esto, la comisión dejó de funcionar alrededor del mes de julio del año pasado.

Pasado ese tiempo, de Obarrio reconoce que el Gobierno no ha avanzado en la propuesta de ley que la comisión sugirió.

¿Qué dice la propuesta de ley?

El proyecto de ley crea un Ente Coordinador Nacional de Seguimiento, integrado por tres representantes de cada región en que se dividió el Pacto Bicentenario y seis representantes de instancias nacionales que procedan de la sociedad civil.

Además, establece entes de seguimiento regionales, integrados por cinco representantes de los actores sociales que participaron en la primera fase del diálogo.

Para dar seguimiento a los acuerdos se identificarán las acciones monitoreadas, tendientes a proveer soluciones en el marco de los acuerdos priorizados por el presidente de la República.

¿Garantías?

Para José Stoute, analista político, no hay ningún elemento que nos permita confiar en que ese pacto se esté cumpliendo.

"Lo que está haciendo el Gobierno son las obras que está obligado a ejecutar, con pacto y sin pacto. Y las obras que debería estar ejecutando, importantes de verdad, como el problema del agua, ya ven ustedes como ha estallado", expresó.

Agregó que nadie garantiza que las recomendaciones de los ciudadanos se cumplan, si se está viendo, con las consultas al contrato minero, de que estas no son vinculantes, como ya lo han expresado las autoridades.

Y uniendo el tema de la minería, Stoute recordó que en el Pacto Bicentenario se acordó y aprobó una moratoria minera, sin embargo, el contrato con Minera Panamá estipula que servirá de referencia para los siguientes acuerdos mineros que se hagan en el país.

"Si ellos violan lo que dicen haber aprobado los panameños en el Pacto que confianza podemos tener", sostuvo Stoute.

Para el analista político, por más que se haga una ley, como el Pacto Bicentenario, a su juicio, no fue un pacto de Estado, sino un acuerdo de gobierno, la próxima administración no sentirá como una responsabilidad ejecutar los consensos.

"Va a pasar en el próximo gobierno, con muchas de las cosas que está dejando este gobierno", manifestó.

Sobre este particular, De Obarrio dijo que es importante asegurar que este compromiso sea visto como tal por el resto de la clase político partidista, y sea tomado en cuenta por quienes resulten favorecidos por el voto popular en mayo de 2024.

"Es más, esto es algo que debería formar parte en los planes de gobierno de todas las propuestas electorales y ser objeto de los debates presidenciales que en su momento tendrán lugar", aconsejó.

Concertación

Por otra parte, Enrique De Obarrio apuesta por recuperar la Concertación Nacional para el Desarrollo, organismo creado en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) y del que formó parte.

"Hay que revisarla y modificar la ley que la creó para asegurar una mayor representatividad en ese mecanismo. Hay sectores que deberían estar y no están como el agropecuario", mencionó De Obarrio.

La Concertación fue tomada en cuenta al inicio del gobierno de Cortizo, debido a que aportó las reformas constitucionales que trató de impulsar, sin éxito, en octubre de 2019.

Después de esa coyuntura, el organismo bajó su perfil y, a pesar de que se ofreció para continuar con el diálogo surgido tras las protestas de julio pasado, no ha sido tomado en consideración.

"Se tiene que rescatar la Concertación y modificar su secretaría ejecutiva para llevar todos los acuerdos del Pacto Bicentenario a esa instancia", recomendó De Obarrio.

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