Fundamentación politológica de la Asamblea Constituyente

En febrero de 1904, nuestro país estrenó su primera Constitución. Su redacción estaba basada en la Constitución colombiana de 1886.  Para estudiar la Constituyente originaria, se debe conocer la historia constitucional panameña que se inicia en 1904, cuando estrenamos nuestra primera Constitución. Panamá ha tenido dos asambleas constituyentes y 4 actos reformatorios. Para justificar el presente análisis, oportuno desde el punto de vista de la Ciencia Política, desarrollaremos este aporte desde esa perspectiva.

Históricamente, las constituciones propiamente se consolidan desde el consenso de los asociados, producto de revoluciones, cuya motivación estriba desde el corazón de sus nacionales impulsados básicamente por Naciones, Estados, sometidos por monarquías, tiranías, imperios absolutistas, formas de gobierno que dan pie al hastío de los ciudadanos, siendo esta, pues, la génesis política y justificación social de las primeras Constituciones.

Entre sus primeras denominaciones encontramos La Carta Magna, derivada del Tratado de Paz de 1215, en Inglaterra, la cual imponía ciertas reglamentaciones al ejercicio del poder monárquico. Eventualmente, a través de la historia, fueron evolucionando los métodos, las formulaciones, sin dejar de observar que la principal motivación es eminentemente sociopolítica.

Siendo sus principales promotores y ejecutores los ciudadanos que, a su vez, endosan, confían su redacción a un grupo selecto de notables quienes poseen un alto grado de conocimiento de los diferentes sectores que involucran a la sociedad en su conjunto; por tanto, es el primer paso registrado para la conformación de los designados para esta cívica y patriótica tarea, revestida del poder emanado de los nacionales.

También, las Constituciones son establecidas por regímenes autoritarios para consolidar su poderío, que generalmente perduran hasta que se debilitan y sucumben ante sus propios adeptos, a través de conspiraciones internas o golpes de Estado.

Pero el requerimiento de los imperiosos cambios inmediatos dentro de un Estado emergente es la prioridad básica de regirse por un mecanismo de control de las instituciones y el ejercicio del poder, encomendado por sus legítimos soberanos, es decir, el pueblo. En la actualidad, la realidad latinoamericana en medio del espectro ideológico, a sabidas cuentas, testigo de que las conocidas recetas ideológicas no son el remedio a nuestros graves problemas socioeconómicos, prueba de ello es la fácil captación de los gobiernos ante la voracidad de las transnacionales y los desastrosos actos pandémicos de la corrupción.

Todos estos elementos fácticos nos obligan a cuestionarnos si realmente el cambio constitucional es el liquidador de la corrupción y sus protagonistas o si es la falta de formación ética, personal y moral de los ciudadanos. Siendo el derecho constitucional uno de los pilares de la Ciencia Política y las instituciones que justifican su razonamiento y teoría.

El mejor ejemplo de Asamblea Constituyente que tuvo nuestro país fue la convocada en mayo de 1945, terminando la Segunda Guerra Mundial, los cambios políticos estructurales eran propicios para la fecha, dado que podría decirse que se erigía un nuevo orden mundial; sin embargo, nuestra realidad de hecho, obedecía más al entorno político luego de un golpe de Estado y con el visto bueno popular y de políticos coherentes, donde las tareas sociopolíticas eran las de construir y fortalecer instituciones tanto o más como se requiere hoy día, por ende, el apremio era como hoy justificable.

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Nos es obligante, ineludiblemente, recomendar, por el bienestar sociopolítico que nos una, guíe hacia la consolidación de una Asamblea Constituyente Originaria, para producir un organigrama de vigilancia, observancia pública y conductor de la paz social.

Es inminente apuntar hacia un referéndum que decida la voluntad popular de elegir esta significativa herramienta que definitivamente reditúa un nuevo Estado. Básicamente de esta manera es que se fundamenta y cumple cabalmente una Asamblea Constituyente originaria. ¡Acción!

Ciudadano independiente.