La cara dura, la desobediencia a las leyes y las grandes farmacias

Sin duda alguna que cuando se ha ejercido durante no pocos años, un trabajo, sea técnico o académico, profesional, como es mi caso, que por mas casi tres décadas impartí clases, veinticuatro años de ellos, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, es imposible divorciarnos de esa calidad o condición, por lo que a mí, en lo particular, me persigue el apostolado de la docencia, el estigma de la academia, de la enseñanza, y por eso es que, en mis intervenciones, ya en el foro o en las redes, en los medios, siempre trato de generar un mínimo de docencia y con ello, pienso o considero, que contribuyo en nuestra población creando algo de cultura, de docencia. Es algo que me persigue y de lo cual no me puedo divorciarme. En este artículo, una vez más, seguiré ese apostolado, la docencia.

Pues bien, como ya se sabe y conforme circulara en las redes sociales, la Acodeco le cayó al grupo empresarial Astoria (Farmacias Arrocha), siendo que éste había emitido un comunicado, copiado o replicado por otros grupos que importan y distribuyen medicinas en Panamá expresando que, simple y sencillamente, no iban a obedecer o acatar el decreto ejecutivo que ordena los descuentos del 30% en las medicinas y que tenían ellos, como grupo empresarial, que consultar o hablar con sus proveedores –La Industria Farmacéutica-. Recordemos que el decreto en referencia ordena o prescribe el descuento del 30% más el 20%, tratándose de jubilados, pensionados, tercera edad.

Pues bien, la posición sentada por el Grupo Astoria y, luego, seguida por la sociedad o agente económico Impa Doel, S.A., es un claro y manifiesto acto de rebeldía, de infamia, de desobediencia al orden jurídico nacional. Ello, conlleva, a su vez, cuestiones que atañen a la propia supervivencia del Estado de Derecho y al carácter institucional de la República. Se produce, de este modo, un desafío, de proporciones inconmensurables y fatídicas, respecto a los cimientos del estado y la incertidumbre y el desasosiego tira cuesta abajo todo principio de certeza del derecho y de la seguridad jurídica. Y ello sin descontar que el carácter del concepto de la autoridad del gobierno, de los poderes del Estado, igualmente, son tomados como payasadas o escaparates. Simplemente, no se hace caso a las leyes y punto. Los poderes económicos son desafiantes y denotan un poco importa, un vapuleo insólito, ante quien ejerza la autoridad o de quien haga las leyes, inclusive, por extensión, de quien las interprete o aplique. El precedente es, reitero, nefasto, absurdo, deplorable.

En otro orden de ideas, cuando usted busca en el lenguaje o en el vocabulario farmacéutico qué es o qué debe entenderse por proveedores, la definición es sencilla. Se trata de que es proveedor todo agente económico que forma parte o se encuentra dentro de la industria farmacéutica. Entiéndase: Los laboratorios, los que producen, hacen o crean las medicinas.

Entonces, vaya, que la posición de estos grupos oligopólicos, como los advertidos, y cuyo discurso abyecto y ruin han puesto a circular, entraña un autentico discurso baladí, pueril, como dirigido a las mentes ingenuas, y que ni ellos mismos se creen. Estos grupos son lo que compran, en lotes, a esta industria farmacéutica, los proveedores. Se trata de las Big Pharma, los grandes laboratorios, las grandes corporaciones farmacéuticas. Luego, ellos compran a precios irrisorios, a precios de fabricantes o a proveedores directos y, en Panamá, ellos también, además de tener sus propias cadenas de farmacias, donde venden a granel, son lo que venden los medicamentos a más de quinientas pequeñas farmacias a nivel nacional y cuyos precios son puestos por ellos mismos y en base al precio del producto que ellos mismos mercadean, dándole a ganar a estas pequeñas farmacias migajas, centavos, como así ya lo han declarado los representantes de tales pequeños negocios.

Es de aclarar que la Acodeco está actuando conforme a las prescripciones de la Ley 45 del año 2007 y sus posterior reformas, siendo éste el principal instrumento jurídico que le permite hacer este tipo de denuncias, de investigaciones, por claras prácticas monopolísticas o la existencia de oligopolios. Ojalá, el Procurador General de la Nación, ya haya abierto una investigación por delitos de prácticas monopolísticas, de combinaciones y distorsiones perversas en el mercado. Se trata de hechos y acciones que, normas precisas del Código Penal, prescriben como delitos. Así comocuando nos asomamos a las redes sociales y vemos, con mucha frecuencia, a fiscales, a lo largo y ancho del país exaltarse cuando condenan a una persona, como quien se alegra o se pone feliz, con las condenas, que también podamos ver a los fiscales competentes decirles a la nación que han logrado condenas ejemplares para quienes cometen delitos de empobrecimiento y agravios a la salud, a nivel masivo de la población, privándoles de los medicamentos para su salud y cuyo acceso debe serle garantizado por el Estado.

Bien por el gobierno que ha liberado este negocio que parecía exclusivo de ciertas élites de poder económico. Ahora, toca que el acceso a esas importaciones sea sin mayores requisitos legales a los que por ley ya se han establecido, no sea que las cortapisas o el exceso de requerimientos, haga imposible la importación y sigan en el reino de Pluto los mismos que, durante décadas, han amasado cuantiosas fortunas con las medicinas.

Que se demuestre, Procurador, públicamente, que no es cierto, que es falso, que en este país la ley penal solo existe para el hijo de la que plancha, para el hijo de la cocinera. ¡Dios bendiga a la Patria!.