La CIDH y los desaparecidos
...el Cofadepa-hg junto a una delegación de la Comisión de la Verdad, que investigó los casos de asesinatos y desapariciones ocurridas durante la dictadura, presentaron a la Cidh el caso de 116 víctimas.
Kilmara y Carlos Eduardo Mendizábal, entre lágrimas, reciben los restos de su hermana Marlene, desaparecida durante la dictadura militar en 1976, en un acto el 27 de diciembre de 2017 en el Instituto de Medicina Legal. Foto: Archivo. Epasa.
Según el diario Crítica, del pasado 5 de junio, el Comité de Familiares de Asesinados y Desparecidos de Chiriquí (Cofadechi) y el Estado de Panamá, firmaron un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 23 de octubre de 2003, la CIDH recibió una petición de familiares de víctimas de la dictadura militar que se dio en Panamá entre los años 1968 y 1989.
Según los familiares de las víctimas, 109 personas sufrieron ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas atribuidas a la Guardia Nacional y/o a las Fuerzas de Defensa (recordemos que en agosto de 1983 cuando el entonces “coronel” Noriega fue ascendido a general y a la comandancia de la Guardia Nacional, se inició un período durante el cual su primer decreto fue cambiarle el nombre a la Guardia Nacional por el de “Fuerzas de Defensa”).
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El Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá “Héctor Gallego” (Cofadepa-hg), entregó una carta en el 2015, al Dr. Emilio Álvarez Icasa L., secretario ejecutivo de la CIDH.
El 16 de octubre de 2002, el Cofadepa-hg junto a una delegación de la Comisión de la Verdad que investigó los casos de asesinatos y desapariciones ocurridas durante la dictadura, presentaron a la CIDH el caso de 116 víctimas.
El 4 de noviembre de 2003, la CIDH aceptó el caso y lo clasificó con la denomiación “P-882-03”.
En mayo de 2004 la CIDH propuso, en una reunión en su sede, abrir una mesa de entendimiento entre el Gobierno panameño, -en ese entonces presidido por la presidenta de la República, Mireya Moscoso-, tomando en cuenta el carácter global del caso presentado.
Todos los de la CIDH, como los familiares de las víctimas, acordaron dar paso a esta posibilidad.
El representante del Gobierno Nacional, Aristides Royo, no acudió a esta reunión, haciéndose representar por una funcionaria.
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En consulta, la presidenta Moscoso accedió a allanarse, por lo que quedaba el camino abierto para la creación de un espacio de diálogo entre ambas partes, que debía formalizarse en cuestión de una semana.
En esos días llegó a su final el gobierno de Moscoso, y por falta de voluntad de funcionarios del respectivo Ministerio, y de tiempo, no se llegó a formalizar la Mesa de Entendimiento.
El nuevo gobierno, entonces presidido por Martín Torrijos Espino, hizo caso omiso de esta orientación y de este acuerdo establecido en la reunión con la CIDH, de manera que durante todo ese período gubernamental la causa de los familiares de las víctimas que fueron objeto de violación del derecho a la vida, la seguridad y los derechos humanos en general, como es la Verdad y la Justicia, quedó suspendida.
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