Asamblea Nacional le crea al presidente Laurentino Cortizo un "problema mayor"

La aprobación en tercer debate de la ley de moratoria por la Asamblea Nacional, con modificaciones que ahora son más abarcadoras y polémicas, representa un "problema" mayor para el presidente Laurentino Cortizo.

Analistas políticos y jurídicos consideran que Cortizo tiene ahora un problema más grande que cuando vetó el proyecto original y temen que al final el documento quede en un "limbo jurídico".

El pasado jueves, los diputados aprobaron en tercer debate el proyecto de ley 287, el cual había sido vetado por el mandatario y devuelto al Legislativo, sin embargo, los parlamentarios le hicieron nuevas adecuaciones, poniendo en una posición difícil al gobernante Cortizo ante la opinión pública.

Entre los cambios realizados por la Asamblea a este proyecto figuran la moratoria extendida hasta el 31 de diciembre y la inclusión de las cooperativas y financieras.

A esto, también hay que agregarle que los diputados ponen ahora contra la pared al presidente en el tema del Bono Solidario, ya que a pesar de no imponerle una cifra, lo obligan a aumentar su monto.

Esto le pone prácticamente al mandatario una camisa de fuerza; por un lado tiene que ver cómo no afecta a las entidades bancarias, de qué manera perjudica lo menos posible la economía del país y tratar de quedar bien con el pueblo panameño.

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Una situación difícil que le fue impuesta al mandatario por los propios diputados de su partido PRD, en conjunto con miembros de otras bancadas, quienes se unieron de forma, casi unánime, para aprobar el proyecto 287 de moratoria.

Son diversos los escenarios que se plantean ahora que la Asamblea aprobó en tercer debate este proyecto de ley con las nuevas modificaciones. Por un lado, el mandatario podría aprobar esta iniciativa como la envió el Legislativo, o vetarla por segunda ocasión, según expertos en la materia.

Otra de las posibilidades es que el proyecto sea archivado y no se apruebe ni rechace, como ha sucedido con otros proyectos de ley en el pasado.

El mandatario cuenta con 30 días calendario para tomar una decisión, tiempo en el cual deberá medir el costo político que conllevaría tomar cualquiera decisión.

Para Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Cortizo oportunamente anunció el veto y advirtió que, a su criterio, la ley, como estaba en un principio, afectaba la economía del país.

El jurista indicó que ahora que la Asamblea aprobó modificaciones más abarcadoras y polémicas, le crean al presidente Cortizo realmente un "problema".

"El mandatario tiene dos opciones una aprobarla u objetarla si la asamblea insiste en su aprobación, el presidente lo mandará a la Corte, articulo 171 quien resolvería la inconstitucionalidad., expresó Fraguela.

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Añadió que él cree que ese es el camino que este tema tomará al final.

El abogado indicó que si Cortizo deja en la "gaveta" el proyecto de ley con las nuevas modificaciones, tiene 30 días para aprobar o rechazar y "muy probablemente meta esta ley en el congelador... la situación va a ser que este tema quedará en un limbo jurídico".

Precisó que esto haría que los ciudadanos queden a merced de las entidades bancarias y financieras del país con el tema del pago de sus préstamos.

División en el PRD

Por su parte, el politólogo Richard Morales indicó que lo primero que refleja esta situación es que existe una división en el oficialista partido PRD y que el Ejecutivo no tiene un control sobre su bancada.

Morales señaló que esta situación se da en medio de unas elecciones de diputados a lo interno del PRD por la presidencia de la Asamblea, lo que aplica una especie de presión desde la bancada hacia el presidente Cortizo para obligarlo a tomar una decisión sobre la moratoria.

En cuanto a qué posición debe tomar el mandatario Cortizo frente a esta situación, Morales señaló que el Gobierno debería aprobar la moratoria y ampliar el Bono Solidario.

"La iniciativa tiene que venir del Ejecutivo, quien tiene la última palabra en este tema", enfatizó.

Voceros de la empresa privada rechazaron el proyecto aprobado por considerarlo insostenible.

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