Exministro Frank De Lima denuncia persecución judicial
A pesar de haber un sobreseimiento, prescripción, doble juzgamiento y declinación del denunciante, juzgado condenó a tres ex funcionarios.
Exministro Frank De Lima. Foto: Archivo
El exministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, denunció ayer que la estructura de persecución judicial armada en la administración de Juan Carlos Varela sigue vigente en la actualidad, torciendo mecanismos y normas legales para perjudicar ilegalmente a figuras de la gestión de Ricardo Martinelli.
De Lima señaló que una muestra de ello es el último fallo del Juzgado Segundo Liquidador que determinó que hubo un delito contra la fe pública en el caso Buko Millonario, cuando en el expediente y en la audiencia determinó que no hubo peculado, que los documentos presentados por empresa fueron apostillados en Chile, que prescribió el supuesto delito de tráfico de influencia, que el denunciante original desistió, y que el Estado recibió lo que se establecía en el contrato.
Incluso el juez del segundo caso de Buko Millonario, Leslie Loaiza, falló un sobreseimiento provisional sobre la investigación de delito contra la fe pública porque no se probó perjuicio al Estado, todo lo contrario según una auditoria del propio MEF el estado recibió un beneficio de cerca de $1 millón que pagó la concesionario de Buko Millonario.
Según el juez tampoco se probó que los funcionarios públicos acusados habían hecho algún acto de corrupción por la aprobación de dicho contrato, porque ni se les acusó de haber recibido algún tipo de compensación.
A pesar de no haber elementos probados, el juzgado condenó a Frank De Lima, Giselle Brea, y Felipe Icaza, todos miembros del pleno de la Junta de Control de Juegos del MEF, por el delito contra la fe pública en el caso Buko Millonario. Tanto De Lima, como Icaza y Brea, ya anunciaron que apelaran el fallo del juzgado segundo liquidador.
De Lima afirmó que en este caso ya se había comprobado que no hubo peculado, no hay lesión patrimonial contra el Estado y que además se dio un doble juzgamiento, contradiciendo un débil argumento del juzgado de que ellos como funcionario no validaron la información proporcionada por la empresa desde Chile, cuando todo lo presentado por la empresa esta apostillado.
El contrato de Buko Millonario fue anulado por la JCJ del MEF en agosto del 2014, un mes después de que entró la administración Varela alegando que la concesión se había otorgado de manera indebida. El concesionario, Grupo de Inversión Mundial, presentó un amparo ante la CSJ.
El MP inició una investigación en octubre 2015 después de recibir una denuncia "anónima" que alegaba que Ricardo Martinelli Linares, hijo del ex presidente Ricardo Martinelli, era accionista de la empresa Grupo de Inversión Mundial. Dicha investigación fue paralizada cuando la defensa de Martinelli Linares presentó un amparo ante la CSJ que fue acogido y suspendió la investigación en su contra. EL MP alegaba en este caso que hubo tráfico de influencia en el otorgamiento de la concesión de Buko Millonario, pero no logró comprobarlo y esta parte prescribió.
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En diciembre del 2015, el MP inició una segunda investigación del contrato de Buko Millonario (doble juzgamiento) por una denuncia que presenta Saverio Grandi Aguiciotti, representante de la empresa Gaming Global Corp quien alega que él también había solicitado la concesión del bingo televisado y la cual fue rechazada por la JCJ.
En base a esta denuncia, entonces el MP alegó que se dio un delito contra la fe pública porque supuestamente no se pudo comprobar la experiencia previa del equipo ejecutivo de la empresa Grupo de Inversión Mundial porque las hojas de vida no vinieron en papel membretado de ninguna empresa, pero si vinieron apostillados de Chile y Perú, países donde el bingo televisado tiene mucho años de existir.
Esto a pesar del sobreseimiento del caso de Buko Millonario por el juez Leslie Loaiza; la prescripción por el supuesto tráfico de influencias, y el archivo del caso en la Corte por la parte del diputado Gálvez; el MP apeló la decisión del juez y el tribunal superior ordenó una audiencia. Dicha audiencia se programó para marzo del 2020, pero en ese ínterin el juzgado (decimoquinto) fue cerrado y la audiencia no se dio hasta el 11 de marzo del 2021.
En ese ínterin la empresa Gaming Global Corp. quien había hecho la denuncia por parte de su representante Saverio Grandi Aguiciotti, desistió de su queja ante la JCJ.
El día de la audiencia, el 11 de marzo del 2021, no se presentaron ni el señor Saverio Grandi ni la JCJ quienes supuestamente eran las partes afectadas.
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En las dos horas de audiencia la fiscalía nunca argumentó ni mucho menos dijo que se había alterado un documento público. El argumento de la fiscalía era que no se había comprobado la experiencia de la concesionaria y que eso afecto a la otra empresa que había solicitado la concesión.
La defensa de los tres imputados argumentó que se cumplió con todos los procedimientos que establece la ley e incluso entrego los documentos en papel membrete que la fiscalía había objetado.
Ahora, siete meses después de la audiencia de dos horas, el Juzgado Segundo Liquidador falló que si hubo un delito contra la fe pública. Ya los imputados anunciaron su apelación.
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