Comisión Pro-Valores cuestiona compensaciones por retiro de jueces y magistrados
Los miembros de la junta directiva se manifestaron ante situaciones que consideran comprometen la confianza ciudadana en las instituciones fundamentales.
Corte Suprema de Justicia. Foto: Archivo
La Comisión Nacional Pro-Valores Cívicos y Morales de Panamá expresó su profunda preocupación por las recientes articulaciones del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en materia de compensaciones especiales por retiro.
A través de un comunicado, los miembros de la junta directiva de esta organización se manifestaron ante situaciones que consideran comprometen la confianza ciudadana en las instituciones fundamentales.
La organización expresó que el Acuerdo N°407 del 18 de julio de 2024, que establece un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados, representó una decisión que contraviene los principios básicos de equidad, transparencia y responsabilidad fiscal que debe caracterizar a toda gestión pública.
Añaden que más grave aún resultó el contexto de celeridad y complejidad social en que esta medida se adoptó a pocos meses de un anterior auto aumento salarial sustancial, tristemente evidenciando una desconexión alarmante con la realidad nacional por parte de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia, funcionarios que deben servir con honor e integridad.
“Los jueces no dirigen ejércitos ni controlan presupuestos; su autoridad emana exclusivamente de la legitimidad que les otorga la fe ciudadana en su competencia, independencia e integridad”, señala el comunicado.
La Comisión Nacional Pro-Valores Cívicos y Morales de Panamá sostuvo además que cuando los magistrados utilizan su posición para otorgarse beneficios económicos extraordinarios, socavan esa confianza que constituye el fundamento mismo del Estado de derecho.
Ante ello, exhortaron a la CSJ a meditar sobre el impacto de sus futuras actuaciones, no sólo con respecto a los salarios y jubilaciones, sino también sobre las decisiones en función de la percepción pública sobre la integridad judicial.
También, instaron a la Asamblea Nacional a ejercer su función de control y crear marcos normativos que prevengan futuros abusos en el manejo de los recursos públicos destinados al Órgano Judicial.
Reiteraron que ningún funcionario público, sin importar su rango o investidura, puede estar por encima de los principios de austeridad, transparencia y servicio público que deben regir en toda democracia.