No más privilegios: Mulino exige freno a medidas cautelares para delincuentes peligrosos

En medio de crecientes preocupaciones por la seguridad ciudadana, el presidente José Raúl Mulino volvió a señalar este jueves la necesidad de revisar las medidas cautelares aplicadas a personas vinculadas con delitos violentos y crimen organizado.  

De acuerdo con el mandatario, el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para establecer mecanismos que fortalezcan la respuesta judicial frente a casos considerados de alta peligrosidad.  

Al respecto, Mulino advirtió que muchas de las personas que llegan a los juzgados de garantías son delincuentes peligrosos que han actuado de manera violenta y representan una amenaza para la sociedad. “No podemos premiarlos con medidas cautelares como si fueran carteristas comunes”, enfatizó.  

En respaldo a estas declaraciones, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, acompañaron al presidente y expusieron ejemplos recientes que reflejan la frustración dentro de los cuerpos policiales.  

Por ejemplo, Ábrego relató que tras un operativo de más de una semana se capturó a sospechosos que intentaban robar una caja fuerte en un comercio de la capital; sin embargo, al día siguiente recibieron medidas de presentación periódica, lo que generó malestar en las autoridades.  

De igual forma, mencionó el caso de alias El Abogado vinculado al expediente Bagdad, detenido en España, y expresó preocupación de que, tras su eventual extradición, pueda recibir nuevamente una medida distinta a la detención preventiva.  

En otro punto, Mulino criticó el uso del arresto domiciliario en procesos relacionados con pandillas, homicidios y crimen organizado, señalando que muchos de los beneficiados con brazaletes electrónicos continúan movilizándose libremente sin consecuencias.  

Las autoridades de seguridad advirtieron que esta situación obliga a destinar recursos adicionales para vigilar a los detenidos fuera del sistema penitenciario, lo que debilita la capacidad operativa de la Policía Nacional y genera una carga significativa en la lucha contra el crimen organizado.