¿Por qué el 10 de julio es conocido como 'viernes negro' en Panamá?

El 10 de julio es una fecha de profunda trascendencia histórica en Panamá, recordada de forma permanente en el calendario cívico nacional como "viernes negro" porque,a diferencia de la connotación comercial que este término tiene en otros países, en el territorio panameño conmemora uno de los episodios de represión civil y política más cruentos ocurridos en el año 1987, durante el régimen militar dictatorial liderado por el general Manuel Antonio Noriega. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la organización de la sociedad civil y en las manifestaciones de la Cruzada Civilista Nacional en su demanda por el retorno a la democracia, la justicia y la libertad de expresión.

El origen del conflicto

Las tensiones políticas en el país se intensificaron a inicios de junio de 1987, luego de que el coronel Roberto Díaz Herrera, exsegundo al mando de las Fuerzas de Defensa revelara públicamente la  vinculación de la cúpula militar con el fraude electoral de 1984, el asesinato del médico y opositor Hugo Spadafora, y diversas prácticas de corrupción institucional.

Estas confesiones detonaron la indignación de la población y propiciaron la creación de la Cruzada Civilista Nacional, una coalición que agrupaba a gremios empresariales, profesionales, educadores, sindicatos, estudiantes y organizaciones religiosas. La Cruzada convocó a una serie de protestas pacíficas, huelgas generales y manifestaciones callejeras que exigían la separación del cargo de Noriega y una investigación independiente de los hechos denunciados.

Para contrarrestar la creciente movilización ciudadana, el gobierno de turno y las fuerzas de seguridad estatales diseñaron una estrategia de contención violenta que culminó de manera drástica el viernes 10 de julio de 1987. Ese día, la Cruzada Civilista había convocado a una manifestación pacífica masiva en diferentes puntos de la Ciudad de Panamá.

Las Fuerzas de Defensa, apoyadas por unidades antimotines conocidas popularmente como los "Dobermans" y por civiles armados progubernamentales (denominados "Batallones de la Dignidad"), intervinieron los puntos de concentración mediante el uso desmedido de la fuerza. Las acciones represivas incluyeron el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos, ráfagas de perdigones y agresiones físicas directas contra manifestantes indefensos, transeúntes e incluso personas que se encontraban dentro de templos católicos y centros comerciales donde intentaban refugiarse.

La jornada del 10 de julio de 1987 concluyó con un saldo institucional y humanitario severo que dejó cicatrices permanentes en la memoria colectiva del país:

Detenciones masivas y heridos: Cientos de ciudadanos fueron arrestados arbitrariamente y trasladados a centros penitenciarios como la Cárcel Modelo y Coiba, donde sufrieron maltratos. Decenas de personas resultaron heridas por perdigones e impactos de gases.

Suspensión de garantías constitucionales: Tras los disturbios, el Gobierno decretó el Estado de Urgencia, suspendiendo los derechos constitucionales individuales, limitando la libertad de reunión y militarizando las calles de las principales ciudades.

Censura total a los medios de comunicación: Se ordenó el cierre forzoso y la ocupación militar de los principales diarios independientes del país, así como el cese de transmisiones de emisoras de radio y canales de televisión de línea opositora.

A pesar de la intensidad de la represión, el viernes negro no detuvo las aspiraciones democráticas de la sociedad panameña. Por el contrario, la brutalidad de los hechos evidenció el desgaste del régimen a nivel internacional y consolidó la resistencia civilista, unificando el reclamo popular que culminaría años más tarde con la restauración de la democracia en la República de Panamá.