Detenciones, a pesar de fallo contra el Estado
Jurista denuncia la detención irregular ordenada por el MP en contra de Iván Arrocha Chevalier, representante de la sociedad Sofía Investment, S.A.
El fallo contra el Estado se dio en 2015, pero el Ministerio Público asume una investigación el año pasado y detiene a tres personas. Archivo
En el caso Ciudad Deportiva David, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga ordenó el mes pasado medidas cautelares de detención provisional a tres personas, a quienes señala de estar involucradas en presunto peculado en perjuicio del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), a pesar de que ya hay un fallo que condenó al Estado y que fue emitido por un tribunal de apelaciones, en el año 2015.
Los imputados en este caso, en el que se alega una lesión patrimonial de aproximadamente 8 millones de dólares (según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República), son Javier Tejeira, exdirector de Pandeportes; Iván Arrocha Chevalier, representante de la sociedad Sofía Investment, S.A., y Vernon Salazar Zurita, representante del consorcio Condotte Panamá, empresa que tenía la mayoría de participación en el consorcio Ciudad Deportiva David.
El abogado Carlos Carrillo, representante de Iván Arrocha Chevalier, calificó de "inaceptable" la postura que viene asumiendo el Ministerio Público (MP).
Esto, tomando en cuenta que, justamente, el MP participó con Pandeportes en un tribunal de arbitraje con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en el año 2015.
El fallo favoreció al consorcio Ciudad Deportiva David 2013 y ordenó al Estado, en la figura de Pandeportes, pagar una suma superior a $17 millones, más intereses.
"¿Cómo es posible entonces que en agosto de 2017 se hubiera presentado una querella por Pandeportes y que el MP, a sabiendas [del fallo del Tribunal de Apelación], ordenara la detención del Sr. Arrocha?", cuestionó Carlos Carrillo.
El jurista explica que quedó demostrado que la liquidación del contrato por el director general encargado, Rolando González, el 19 de junio de 2015, fue ilegal, razón por la cual el Estado fue condenado.
"Usar ahora la justicia penal para evadir las responsabilidades rompe la seguridad jurídica y forma una anarquía... y esto es algo que debe resolver la Corte Suprema de Justicia porque legalmente es inaceptable", insistió el jurista.
Carrillo también confirmó que ya se interpuso un recurso para pedir la nulidad de la investigación.
Adicionalmente, se está en espera de que la Corte resuelva un habeas corpus a favor de Iván Arrocha.
Y viendo que los hechos acaecidos pululan al margen de lo estrictamente legal, el abogado advierte que detrás de este caso hay "factores reales de poder" que la justicia tiene que evacuar.
"En derecho no procede lo que hizo la fiscalía, y es lamentable que se haya ordenado la detención de tres personas en un mismo acto, a pesar de que esto ya fue tratado en un tribunal de arbitraje", concluyó Carlos Carrillo.