Policías del clan 'El Gallero' garantizaban movimiento de droga
El jefe del Ejecutivo ha sido señalado por emitir comentarios sobre el operativo antidrogas 'El Gallero', lo cual violaría la separación de poderes.
Los familiares del alcalde de Los Santos han pedido que se respete su presunción de inocencia. Víctor Arosemena
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha insistido en opinar sobre los casos judiciales, lo cual viola la separación de poderes y la presunción de inocencia de las personas que investiga la justicia panameña.
Así lo denunció la defensa del alcalde del distrito de Los Santos, Eudocio "Pany" Pérez, quien ayer fue sometido a una audiencia de imputación de cargos por la operación antinarcóticos "El Gallero".
La defensa del alcalde, al igual que la cúpula del Partido Revolucionario Democrático (PRD), solicitó que se respete el Estado de derecho y la presunción de inocencia del subsecretario del partido torrijista.
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En este sentido, Samuel Buitrago, quien es abogado del alcalde de La Villa de Los Santos, manifestó que el jefe del Ejecutivo no puede ventilar en los medios sus opiniones sobre el caso judicial.
"Presidente, por favor, respetemos el debido proceso, no estemos opinando frente a los medios de comunicación sobre los casos. Yo entiendo que hay que perseguir el delito, pero cuando esas cosas pasan y se caen los casos, es la sociedad la que cuestiona", declaró el jurista.
Ello, porque el presidente Varela ya ha emitido una interpretación del caso, al sostener que nadie está por encima de la ley. "El que cruce la línea tiene que rendir cuentas a la ley. Ni yo ni un ministro ni nadie está por encima de la ley".
La defensa del alcalde de Los Santos advirtió que este tipo de expresiones son una clara intromisión en otro órgano del Estado.
"Él no conoce el expediente ni sabe de la persona, incluso hubo eventos del 10 de Noviembre en los que él participó con el señor alcalde. Usted cree que con la información que hubiese tenido el presidente de una persona vinculada con este tipo de ilícitos, se hubiese relacionado en un tipo de participación, es inaudito", ripostó la defensa.
La defensa de "Pany" Pérez también denunció haber sufrido problemas con la obtención del expediente, pues se dictó una fecha de audiencia, pero no se manejó toda la información.
A su vez, familiares del alcalde perredista pidieron a la ciudadanía dejar a la autoridad defenderse y demostrar que es un hombre de familia y del campo.
La familia detalló que la aprehensión del alcalde se produjo la noche del domingo, pero pasaron casi 48 horas, para ordenarse una audiencia bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA).
Audiencia
En audiencia el juez de garantías ordenó la aprehensión de las 11 personas detenidas por supuesta participación en la organización criminal.
Tras la investigación salió a relucir que el supuesto líder de la banda delincuencial es Manuel Antonio Domínguez Walker, a quien se le legalizó su aprehensión junto a Eudocio "Pany" Pérez (alcalde de Los Santos), Eduardo José Vásquez , Andrés Enrique Zamora, Luis Omar Álvarez, José Antonio Villarreal, Ricardo Alberto Bowen, Manuel Antonio Domínguez Salazar, Manuel Esteban Salazar, Alberto Chávez y Roxana Norato Samaniego.
Durante la sustentación, el fiscal Markel Mora argumentó que el agente de la policía era el encargado de ocultar la droga en huecos que hacía en la provincia de Los Santos, para luego transportarla hacia Centroamérica, mientras que el mayor de la Policía brindaba información a la organización criminal de los movimientos.
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En la Operación El Gallero se incautaron unos 30 vehículos de lujo y en la audiencia los imputados trataron de justificar cómo ganaban dinero para comprar sus propiedades.
Supuestamente el alcalde de Los Santos recibió dinero de parte del líder de la agrupación delictiva, para el pago de trámites para eventos que servían para lavar el dinero ilícito.
El fiscal también presentó conversación donde el alcalde daba las gracias a Walker por el pago de 15 mil dólares.
Al cierre de esta nota se habían imputado cargos a cinco de los aprehendidos por tráfico de drogas, lavado de dinero, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos.