Reglamentarán los procedimientos para aumentos de matrícula
La venta de boletos y textos escolares en los centros particulares no son actividades obligatorias para los padres de familia.
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En 1946 cuando el entonces ministro de Educación José Daniel Crespo firmó la Ley 47 o Ley Orgánica de Educación, dejó un vacío en la interpretación del artículo 130 relacionado con el costo de la educación en los centros particulares.
Sesenta y ocho años después, cuando la enseñanza particular creció como un negocio y quedó absorbida por la inflación, la interpretación desata entre los padres de familia de los 125,000 estudiantes que cursan en los centros privados y los propietarios de las 700 escuelas privadas, una disputa entre las partes por el costo de la anualidad sin la supuesta “coordinación” que se requiere.
Año tras año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) se cerciora de los costos a través de una encuesta y publica los resultados, lo que provoca molestia entre los padres de familia, por los sorpresivos aumentos en la anualidad de la escolaridad donde asisten sus hijos.
El cruce de acusaciones y justificaciones de los propietarios de centros particulares provocó que la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, interviniera para aclarar que la coordinación requiere de procedimientos con la comunicación oportuna.
En el Ministerio de Educación (Meduca) aceptan que la reglamentación del artículo sería el final de la disputa. Los años de vigencia de la ley aparece como la principal causal de que los padres de familia y los dueños de escuelas particulares se enfrenten por los aumentos en las matrículas. Para acabar con la queja, el Meduca trabaja en una programación que terminará en un documento que estampe los procedimientos y justificaciones que acompañarán los aumentos anuales.