El equipo legal de los hermanos Ávila, esperan que la condena por el homicidio de Mirasol Barría sea revisada, ya que aseguran hay pruebas de vida.
La trifulca fue protagonizada por detenidos que provenían del Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza y otros de centros penitenciarios de la ciudad de Panamá.
Según el profesor Gilberto Boutin este sistema ha derogado el principio de presunción de inocencia y estableció el sistema de presunción de culpa.
De manera extraoficial, se conoció que el detenido mantiene un parentesco cercano con la menor afectada, lo que ha generado mayor consternación entre residentes
El abogado Juan Carlos Araúz cuestionó que el caso se haya desarrollado en un sistema que las mismas autoridades judiciales califican de obsoleto.
Este caso es seguido por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.
Esta investigación abarca 952 cheques que fueron cambiados en un banco de la localidad, según confirmó el Ministerio Público.
López seguirá con reporte periódico todos los viernes, prohibición de acercarse a la provincia de Bocas del Toro y uso de brazalete electrónico.
Rollyns Rodríguez enfrenta un proceso legal por un supuesto peculado doloso agravado en perjuicio al Municipio de Arraiján.
Calificado como intento de femicidio, la víctima sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el 60% de su cuerpo, por ello se mantiene en el Santo Tomás.
Los abogados del exvicepresidente alegan que su cliente es miembro del Parlacen por derecho propio lo que le quita competencia al Ministerio Público
El exvicepresidente es investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
Orlando Maestre, abogado defensor de la empresaria, aclaró que su representada no fue aprehendida, sino que acudió voluntariamente a la DIJ.
El denunciado de unos 28 años de edad fue aprehendido el sábado por la Policía Nacional en la barriada Los Guayacanes, ubicada en el corregimiento de Herrera.
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que superan los 45 años de prisión, al tratarse de cinco delitos graves.
La jueza Baloisa Marquínez, encargada del caso, se desempeña actualmente como relatora en otro caso dentro del Sistema Penal Acusatorio.
Fernández habló de los planes de la Policía de adquirir unos cien drones para vigilancia capaces de sobrevolar amplias áreas en poco tiempo.
Los señalados en este supuesto caso de narcotráfico fueron aprehendidos durante el desarrollo de la operación Nodriza.
La fiscalía sostuvo que no existían registros médicos que validaran un embarazo o un nacimiento en el Hospital Santo Tomás, y solicitó una condena de 11 años.
La jueza Anayansi Vásquez optó por imputar el delito de peculado doloso agravado, legalizó la aprehensión y dispuso que la acusada firme los días 30 del mes.
