El resultado de la audiencia por este caso fue que el docente debe notificarse cada 15 días ante el SPA, además se le prohíbe acercarse al agente que agredió.
A Saldaña se le imputaron cargos por el delito de homicidio agravado y femicidio, tras el atroz hecho de sangre que se cometió en la comunidad de Llano Grande.
En las inmediaciones del Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste, familiares y amigos de la joven Dayra Caicedo, exigían justicia y que les digan dónde está.
El abogado Roy Navarro dijo que en el transcurso del juicio oral el delito quedó comprobado, que en el proceso la defensa legal del docente no aportó pruebas.
El resto de los detenidos, alrededor de 400 personas, fueron llevados ante un juez de paz para las debidas sanciones administrativas y monetarias.
La acción de la UP corresponde al incidente ocurrido el viernes 31 de enero, en el que estudiantes, docentes y administrativos realizaban una protesta pacífica
El adulto junto al menor de edad ingresaron a un minisúper, usando un arma de fuego se apoderaron de dinero en efectivo, celulares, tarjetas y otros artículos.
Noel Marciaga, de 23 años de edad, quien era expareja de la víctima, admitió su responsabilidad como autor intelectual e Iam Cunningham Goods, fue el atacante.
El exdirector fue candidato a diputado en Arraiján en las pasadas eleciones, pero no pudo sacar los votos para adquirir una curul.
Machado declaró que fue un disparo "accidental" durante un forcejeo lo que habría terminado con la vida de su exnovia.
Meneses es investigado por presuntos delitos contra la administración pública, durante su gestión al frente del Ifarhu.
Se legalizó la aprehensión de los tres, la imputación de cargos por homicidio Doloso Agravado, tentativa de homicidio y posesión ilícita de arma de fuego.
El Ministerio Público. encontró elementos suficientes para decretar legal las aprehensiones.
Estos miembros de la presunta banda conocida como "Calor calor", fueron capturados en las comunidades de El Bongo, Pilón y Rincón Largo de Montijo.
Falta mucho por hacer en justicia y este organismo debe empoderarse de impulsar esas nuevas políticas, a juicio de abogadas con trayectoria en el país.
El Ministerio Público solicitó la pena de 30 años de prisión.
