Los abogados del exvicepresidente alegan que su cliente es miembro del Parlacen por derecho propio lo que le quita competencia al Ministerio Público
El exvicepresidente es investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.
Orlando Maestre, abogado defensor de la empresaria, aclaró que su representada no fue aprehendida, sino que acudió voluntariamente a la DIJ.
El denunciado de unos 28 años de edad fue aprehendido el sábado por la Policía Nacional en la barriada Los Guayacanes, ubicada en el corregimiento de Herrera.
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que superan los 45 años de prisión, al tratarse de cinco delitos graves.
La jueza Baloisa Marquínez, encargada del caso, se desempeña actualmente como relatora en otro caso dentro del Sistema Penal Acusatorio.
Fernández habló de los planes de la Policía de adquirir unos cien drones para vigilancia capaces de sobrevolar amplias áreas en poco tiempo.
Los señalados en este supuesto caso de narcotráfico fueron aprehendidos durante el desarrollo de la operación Nodriza.
La fiscalía sostuvo que no existían registros médicos que validaran un embarazo o un nacimiento en el Hospital Santo Tomás, y solicitó una condena de 11 años.
La jueza Anayansi Vásquez optó por imputar el delito de peculado doloso agravado, legalizó la aprehensión y dispuso que la acusada firme los días 30 del mes.
Durante la audiencia, en la sede en Colón, del Sistema Penal Acusatorio, comparecieron un ciudadano colombiano y uno panameño; este último fue absuelto.
Se confirmó que la embarcación era operada por un ciudadano de nacionalidad colombiana y no contaba con las condiciones requeridas para transportar pasajeros.
Al adolescente se le vincula con el homicidio y robo perpetrado en contra de un ciudadano extranjero de aproximadamente 65 años.
A estas personas se les entregó la totalidad de los auxilios y no pudieron justificar el uso de los fondos.
La sentencia de 108 meses de prisión a los dos ciudadanos, no identificados, se emitió el 20 de octubre, junto con la inhabilitación para ejercer funciones.
Se hace necesaria la formalización de esta contratación para cancelar los servicios recibidos.
Según la corte, este proceso forma parte de su compromiso con la justicia y con la implementación de la Carrera Judicial.
Fueron los propios padres de familia quienes decidieron interponer las denuncias, al considerar que sus hijos eran afectados emocional y psicológicamente.
El tribunal ordenó la detención provisional por seis meses para uno de los procesados, mientras que al otro implicado de 18 años le aplicaron casa por cárcel.
Luis Oliva y Budy Attie tendrán que reportarse los 14 y 28; mientras que la abogada Becerra no podrá salir de país.
