Mujeres panameñas se expresan por sus derechos en su día internacional
Instituciones y mujeres de distintos sectores le dieron valor a la palabra igualdad desde sus respectivos enfoques.
Instituciones y mujeres de distintos sectores le dieron valor a la palabra igualdad desde sus respectivos enfoques.
La tasa se mantiene casi igual a la de 2024. La informalidad se concentra, en su mayoría, en las comarcas y Darién.
Según el Movimiento de Alimentación Saludable el colocar un código QR es ilegal y no estaría al alcance de toda la población.
El principal impacto lo sentirán los usuarios de diésel, ya que subirá 27 centavos, en tanto que la de 95 octanos se elevará en 16 centavos.
Los gastos que realiza una víctima de violencia, en el área urbana, llegan hasta $2,900 por cada caso. En las áreas de difícil acceso se eleva hasta $4,000.
Hasta el momento se han realizado cuatro loterías fiscales en la capital y la intención es llevarla a otras zonas geográficas.
El año fiscal del Canal de Panamá inició en octubre y en enero recaudó 3% más en peajes que en el mismo mes de 2025.
El Tribunal Electoral llevó propuesta para que la elección y escogencia de los diputados se ajuste a la acordada para los diputados en circuitos plurinominales.
Se han destinado $7 millones para esta renovación urbana de una de las vías más importantes de conexión en la capital.
Los independientes buscan citarlo para que explique las nuevas concesiones de los puertos de Cristóbal y Balboa.
El activista destaca la acción de Donald Trump para llevar la democracia a Venezuela, pero piensa que debe intervenir para eliminar al Chavismo.
La instalación de salud fue inaugurada el pasado martes, 24 de febrero y en sus primeros días ha dado atención a más de 250 personas.
Se intenta rescatar una obra paralizada y que ha quedado infuncional desde 2014.
La Unidad Especial de Investigación de Integridad y Transparencia es un brazo del Órgano Judicial que investiga faltas éticas y disciplinarias.
La fecha original de la presentación de propuestas era el 17 de noviembre del año pasado. Los consorcios tendrán, ahora, más de 4 meses para prepararse.
La propuesta buscaba imponer pena de prisión de 6 a 8 años a quienes introdujeran y facilitarán la entrada de productos alimenticios sin permisos.
Ahora, los solicitantes deberán presentar una causal que pruebe que la autoridad incumplió alguna ley y deberá asignar una fianza.