Educación y agua con brechas graves en Derechos Humanos

Brechas graves e históricas continúan siendo un obstáculo para el libre disfrute de los Derechos Humanos en Panamá, reconoció el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.

En su informe anual, Leblanc hizo énfasis en dos hechos en materia educativa y de sanidad básica, que son la cantidad de días de clases perdidos por los estudiantes y la crisis de agua potable en la región de Azuero.

Sobre la educación, Leblanc lamentó que en el quinquenio 2020-2025 los jóvenes hayan perdido 490 días de clases.

"Creemos que la pérdida de clases es muy importante y que debemos ver con luces largas que no debemos podemos repetir más días perdidos", dijo.

Tras los dos años irregulares de clases, debido a la pandemia (2020 y 2021), en 2022, los estudiantes perdieron un mes, debido a las protestas contra el alto costo de la vida.

Un año después, fueron más días perdidos, debido a la protesta nacional contra la minería.

Finalmente, este año varios grupos de educadores estuvieron en huelga por dos meses, lo que también perjudicó a los estudiantes.'

77

años se cumplieron el pasado miércoles, 10 de diciembre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En cuanto a la crisis hídrica de Azuero, Leblanc recordó que hace unos años había advertido sobre lo que podía ocurrir si no había monitoreo permanente a las fuentes del lugar.

"La contaminación de ríos no puede estar pasando", expresó el Ombudsman.

La crisis inició a finales de mayo y todavía no ha culminado.

Hasta el Ministerio Público ha intervenido con una investigación de oficio que inició el 29 de mayo.

En otros puntos de educación, Leblanc dijo que es preocupante el deterioro de las escuelas y las brechas territoriales, entendiéndose como que la calidad de la educación sea superior en áreas urbanas a las de difícil acceso, situación que no debería ocurrir.

También, cuestionó los casos de acoso escolar y de discriminación.

Amber

Aunque la Alerta Amber ha mejorado sus procesos, el Defensor del Pueblo criticó la falta de apoyo de las empresas telefónicas para que el sistema funcione como debe ser.

Sugirió que la conexión de estas empresas al sistema debe verse como responsabilidad social y no cobrar por el servicio, lo que impide que la alerta llegue a los celulares de las personas.