El boxeo está en duda para los Juegos de Tokio 2020
La elección de Gafur Rakhimov como presidente del ente rector del boxeo olímpico provocó los roces con el COI, ya que su nombre aparece en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntos vínculos con el crimen organizado en Uzbekistán y el tráfico de heroína.
Gafur Rakhimov se apartó de la AIBA. Foto AP
En un revés para los dirigentes del boxeo olímpico tras meses de investigaciones, el Comité Olímpico Internacional fijó una votación para el próximo mes y decidir si remueven o no a la entidad rectora del deporte en los Juegos de Tokio 2020.
El COI dijo que su junta directiva propuso el miércoles suspender a la Asociación Internacional de Boxeo, una decisión que será presentada ante los miembros del COI durante su reunión anual del 24 al 26 de junio. Sin embargo, el COI tiene la intención de mantener las 13 pruebas de medallas en el programa de Tokio.
Las finanzas de la AIBA, su gestión administrativa y la integridad de sus jueces y árbitros fueron investigadas durante seis meses por un panel de tres miembros del COI, que dio a conocer su informe el miércoles.
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Un factor importante resultó la persistencia influencia de Gafur Rakhimov, el uzbeco que preside a la AIBA y que renunció en marzo. Rakhimov aparece en una lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tener presuntos vínculos con el crimen organizado en Uzbekistán y el tráfico de heroína.
La organización de boxeo con sede en Lausana, Suiza, ahora corre el riesgo de ser marginada de la familia olímpica, pese a haber realizado reformas desde que el presidente C.K. Wu, miembro del COI, fue obligado a renunciar en 2017.
"Ha habido falta de progreso satisfactorio", dijo el COI, cuya junta aceptó las recomendaciones de un informe final sobre una investigación durante una larga reunión el miércoles.
La AIBA puede apelar cualquier decisión final de los miembros del COI ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y luego ante la Corte Suprema de Suiza. Jueces federales pueden intervenir en circunstancias limitadas, como en caso de que un proceso legal fuera abusado o se le negara una audiencia justa a alguna de las partes afectadas.