Panamá
Aprehenden a un hombre de 34 años supuestamente vinculado al millonario fraude en la DGI
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Aprehenden a un hombre de 34 años e imponen detención provisional por presunto esquema de corrupción en la DGI que causó un fraude superior a los $21 millones.
Aprehenden a un hombre de 34 años implicado en una red criminal que habría generado un fraude millonario al Estado. Tras su captura, la juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, ordenó su detención provisional por la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos y delincuencia organizada, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).
La medida cautelar fue dictada durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada el jueves 10 de septiembre. La juzgadora consideró que la privación de libertad es necesaria, idónea y proporcional dada la gravedad de los hechos, la multiplicidad de delitos y la existencia de suficientes elementos que vinculan al imputado como autor del esquema ilícito.
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Riesgos procesales y legalización de la captura
Durante el acto audiencia, la juez Montenegro dio por acreditados diversos riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga, la posible destrucción o afectación de medios de prueba y la amenaza que representa el procesado para la sociedad.
De manera previa a la aplicación de la medida cautelar, el Tribunal de Garantías avaló el control de allanamiento excepcional, legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos sustentada por la fiscal Elizabeth Carrión, de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público. La asistencia legal del imputado estuvo a cargo de la defensora pública Melissa Pineda.
Esquema de corrupción y créditos fiscales ficticios
Las investigaciones del Ministerio Público señalan que las operaciones delictivas habrían iniciado en el año 2023. De acuerdo con el expediente, el imputado presuntamente transfería dinero a servidores públicos de la DGI a través de cuentas bancarias y otras modalidades de pago.
El objetivo de los desembolsos era lograr la alteración del sistema informático de impuestos para generar créditos fiscales ficticios, una maniobra que habría provocado un perjuicio económico superior a los B/.21 millones de dólares al erario público.
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