Caso Caja de Ahorros: armado desde el Gobierno

Transcurridos dos años desde que, en el curso de una investigación por un préstamo otorgado por la Caja de Ahorros (CA), la fiscal Tania Sterling ordenara la conducción, sin citación, y posterior detención del empresario Riccardo Francolini, este caso parece destinado a su archivo inevitable, tras el sobreseimiento dictado por la jueza decimocuarta de lo penal, Vilma Urieta, y otros hechos que han demostrado que fue parte de los expedientes armados, mediante presiones, desde el Ejecutivo.

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Desde el banco estatal, siempre se aseguró que el préstamo fue una transacción comercial que se realizó en el marco de la ley y fue cancelado con sus respectivos intereses, por lo que sus directivos no actuaron como querellantes.

A pesar de eso, Tania Sterling mantuvo detenido a Riccardo Francolini por ocho meses hasta que fue favorecido por una fianza de excarcelación y en su vista fiscal, solicitó el llamamiento a juicio a 16 personas, entre las que se encontraban, además del empresario, Ricardo Chanis Correa, Fernando Correa Jolly y el exgerente de la CA Jayson Pastor.

La semana pasada, en información revelada en La Estrella de Panamá, se conoció que este fue otro de los expedientes armados por el abogado Rogelio Saltarín, quien se reunió en una ocasión con la junta directiva de la Caja de Ahorros.

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Una fuente declaró al medio escrito que desde la Presidencia hubo presiones a los miembros de la junta directiva del banco para que se presentaran como querellantes en el caso.

Esto explica la renuncia de tres de sus miembros, en los meses siguientes a las detenciones en este caso, incluyendo su presidente, Álvaro Enrique Tomas.

En publicación de Panamá América, del 19 de diciembre de 2016, se registra que, según una fuente, las renuncias se dieron porque estos directivos no estaban de acuerdo con el manejo que se le dio al caso del préstamo que la institución bancaria le otorgó a la empresa HP Contratas P&V.

No existió delito

La juez Urieta, el pasado mes de agosto, sustentó su sobreseimiento, que fue apelado por la fiscalía, en que "no existió un delito ni por comisión ni por omisión, toda vez que el préstamo por el cual se dilucida esta investigación, es considerado un acto de comercio según el Código de Comercio".

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Un boletín del Órgano Judicial detalla que la jueza argumentó que la fiscalía no demostró que había una lesión al patrimonio del Estado ni la intención que tenía cada uno de los intervinientes para ocasionar al Estado, la lesión o perjuicio.

Una de las pruebas de mayor peso fue la declaración jurada de los auditores internos del banco, quienes se ratificaron y afirmaron del informe de auditoría preliminar, en el que determinaron que no hubo perjuicio económico.