Fiscal: ataques cibernéticos son 'peligro' para el Estado panameño

El ataque cibernético contra el Ministerio de Educación, es un "peligro" para la infraestructura crítica del Estado, advirtió Ricaurte González, fiscal superior de especializado en delitos contra la propiedad intelectual y seguridad informática.

"Tal vez, alguien hoy aplauda estos actos, hasta que un día se acerque a la Caja del Seguro Social, por poner un ejemplo, y resulte que está cerca a jubilarse y le digan que todos sus registros de cuotas pagadas, no existen, que fueron borrados", sentenció el funcionario.

"O algún candidato, cuando en los próximos comicios le cometan delitos a sus sistemas informáticos o redes y hagan publicaciones que le afecten su aceptación ante el electorado. O incluso, que algún inescrupuloso, se apodere del bono solidario de miles de panameños que ahora que se acredita de forma digital en las cédulas", destacó.

Nadie está exento de ser víctima de un ataque cibernético. Jubilados, políticos y hasta beneficiarios del bono digital, podrían ser víctimas en el futuro de ataques por parte de delincuentes cibernéticos.

Esto, porque la información de todos se encuentra en el ciberespacio y de alguna manera la hace vulnerable a los ataques, por lo que la misma debe ser segura y custodiada.

El fiscal Vásquez indicó que en muchas ocasiones, por temor al daño reputacional, entidades u organizaciones se abstienen de denunciar ante las autoridades los delitos cibernéticos, por temor al perjuicio de admitir su vulnerabilidad, expresó.

Sin embargo, González agregó que el ciudadano común cada vez es más consciente de este derecho y debe poner en conocimiento de las autoridades los ataques cibernéticos de los que son víctimas.

Prueba de ello, es que para el mismo período de enero a junio del año 2019, solo se generaron 35 denuncias por delitos de seguridad informática, mientras que en el mismo periodo del año 2020, se interpusieron un total de 55, es decir 20 más.

"Para ser un poco más claros, cuando hablamos de seguridad informática, hablamos de intrusiones o accesos no autorizados en bases de datos, sistemas informáticos o redes", manifestó el fiscal.

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Frente a lo sucedido a la página web del Meduca, González indicó esto se investiga de oficio, debido a que al tener conocimiento, el Ministerio Público dio origen a las pesquisas y generó la noticia criminal.

"Posteriormente, el Meduca, a través de sus abogados, presentó la denuncia formal y está colaborando en la investigación, en condición de víctima del delito", expresó.

El funcionario enfatizó que la acción desplegada es perjudicial y no puede ser aceptado un hecho criminal, como un medio de protesta. Esto en referencia a que los atacantes que se atribuyeron la acción a la página web del Meduca, señalaron que lo hacían en reproche a una situación dada con las guías de aprendizaje para los estudiantes en medio de la COVID-19.

"La protesta es un derecho reconocido a todos los ciudadanos y debe ser ejercida sin afectar a terceros, y menos al Estado, así lo establece el artículo 38 de la Constitución Política", recordó el fiscal.

González añadió que la educación es un derecho y un servicio público, cuya responsabilidad recae en el Estado, que debe garantizarlo, permitiendo que los padres de familia participen en el proceso educativo como establece el artículo 91 de la Carta Magna.

Por su parte, Mayer Mizrachi, experto en tecnología y creador de la aplicación Criptext, indicó que lo sucedido con la página web del Meduca demuestra que a nivel de infraestructura, no hay que tomar por dado que es completa la seguridad cibernética.

Especialmente ahora que se depende del Intenet y de las comunicaciones digitales, para seguir funcionando como país y como sociedad, manifestó.

El experto explicó que muchas personas, en un total desconocimiento, señalan a los llamados "hacker" como delincuentes, cuando en realidad no lo son, ya que los mismos son incluso hasta auxiliares de las autoridades investigadoras o los fiscales en las diversas causas penales que llevan adelante.

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En este sentido, el fiscal superior de delitos contra la propiedad intelectual y seguridad informática, aclaró que un "hacker" es un experto en temas tecnológicos que coadyuva con empresas, e incluso con la autoridad, para ofrecer asesoría y permitir que estas entidades obtengan ciberseguridad efectiva.

"A quienes investiga el ministerio Público, es a los delincuentes cibernéticos. Un hacker, en todo caso, podría ser considerado como un aliado de los fiscales e investigadores", puntualizó el funcionario.

El Ministerio de Educación aclaró que el ataque a su sistema mediático no afectó información sensitiva, ni las plataformas utilizadas para dictar la educación a distancia.

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