Fiscalía realiza diligencia internacional por la compra del metabuscador

La Fiscalía Especializada Anticorrupción del Ministerio Público ha realizado algunas diligencias internacionales por la investigación que adelantan por el metabuscador.

Así lo informó una fuente del Ministerio Público que agregó que se está a la espera de esta información internacional, como parte de las pesquisas que lleva adelante esta institución.

Esto como parte de las diligencias que realiza la institución para conocer más detalles de la adquisición de dicho software

Estas diligencias internacionales estarían relacionadas al hecho de que dicho equipo fue adquirido a la empresa española Innotec System, a través de un contrato que hizo el Ministerio Público bajo la administración de Porcell.

En este contrato, la Procuraduría General se comprometía a pagar al contratista español la suma de $610 mil (incluyendo $39 mil de impuestos) para el suministro de programas (software) y equipos (hardware).

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Hay que indicar que la empresa Innotec le incluyó al Ministerio Público en dicho contrato 77 mil 969 dólares en viáticos y viajes entre Panamá y España.

Dentro de estos pagos también se incluyó la suma de 151 mil 322 dólares por los servicios de un equipo de expertos en gestión gubernamental, 18 mil dólares por un programador y $89 mil 170 en la contratación de otro personal.

Peritajes

Agrega la fuente que además se está a la espera para realizar un peritaje por parte de los peritos de informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público a las computadoras en donde supuestamente se encontraba instalado dicho programa.

Sin embargo, aclara la fuente, que el impass de la cuarentena por el COVID-19 ha retrasado las investigaciones y el peritaje que adelanta dicha fiscalía, ya que solo se están atendiendo casos urgentes o nuevas denuncias que se presenten.

Para el abogado Gilberto Cruz Ríos, el deber del Ministerio Público es investigar todo lo que se entienda por la comisión de un hecho punible.

"Si el Ministerio Público adelanta una investigación producto del metabuscador o producto de cualquier ilícito que se pudo haber cometido, que consecuentemen te compulse con otros delitos, como lo son la inviolabilidad de la correspondencia, es menester de esta institución establecer los parámetros para que las personas sean llamadas a responder a través de un juicio público, oral mediante la tutela de quienes hayan sido y que en su momento no las hayan respetado", puntualizó el abogado Cruz.

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Agregó que espera que la investigación sea 100% objetiva y que se salvaguarden todos los intereses de las partes, entendiendo que el Ministerio Público es llamado a cuidar los intereses de la población y la colectividad de todos los ciudadanos.

"Que esta investigación del metabuscador sea 100% objetiva, tal como lo establece el Código Procesal Penal", dijo el jurista.

Cruz añadió que si se comprueba que el metabuscador se compró con fondos del Estado y se usó para fines que no eran legales, muchos procesos que se iniciaron durante la administración de Porcell estarían viciados y gozarían de nulidad absoluta.

Por su parte, el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela indicó que Ulloa, por medio de este tipo de diligencias, reafirma la intención de investigar el delito, venga de la esfera que venga.

"El jefe del Ministerio Público, enfrenta un reto histórico, dirigido a cambiar la imagen de las agencias de instrucción. Con estos casos sensitivos y sus actuaciones por medio de diligencias nos da la lectura, que enfrentará el reto con estoicismo" dijo Fraguela.

Cabe resaltar que dichas investigaciones que adelanta la Fiscalia Especializada Anticorrupción es llevada adelante por las fiscales Anilú Batista y Azucena Del Rosario Aizpurúa, designadas por el procurador general, Eduardo Ulloa, una vez asumió el cargo,

Hay que indicar que dentro de estas diligencias son investigados la exprocuradora Kenia Porcell, el exjefe de inteligencia, Rolando López y los militares Jacinto Gómez y Daniel Arroyo, cercano colaborador de la exprocuradora.

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Estas personas son investigados por los supuestos delitos contra la administración pública, extralimitación de funciones y contra la seguridad de los medios electrónicos.

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