Magistrada López daría luz verde a la mina de cobre
Su intención es lograr que se declare constitucional el contrato que le permitiría a esta empresa explotar la mina de cobre en Donoso por 40 años.
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López.
La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, estaría ejerciendo fuertes presiones para que este Órgano del Estado avale el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
Su intención es lograr que se declare constitucional el contrato que le permitiría a esta empresa explotar la mina de cobre en Donoso por 40 años.
Esto, mientras los panameños van para dos semanas protestando en las calles exigiendo la derogación del contrato minero. Un escenario donde el gobierno de Laurentino Cortizo se ha visto forzado a buscar como última salida el anuncio de la convocatoria a una consulta pública para decidir sobre el futuro de la mina, la cual fue fijada para el 17 de diciembre próximo.
Pero fuentes judiciales afirmaron que López mueve todo su poder en la Corte para conseguir ratificar el contrato con Minera Panamá, pasando por encima del clamor de los panameños.
López logró la presidencia de la Corte por el respaldo que le ha dado el gobierno de Laurentino Cortizo, pero ha sido señalada como la persona que ejecuta el plan de persecución judicial que ha continuado el vice presidente y candidato presidencial José Gabriel Carrizo.
Incluso, se afirma que López y el vice presidente Carrizo estarían conectados familiarmente y mueven las presiones judiciales a favor del contrato minero, como lo hacen para la candidatura oficialista en las elecciones de mayor de 2024.
La Corte Suprema ha admitido al menos 6 demandas de inconstitucionalidad en contra del contra minero. Las demandas fueron presentadas por los abogados Ernesto Cedeño Alvarado y Roberto Ruiz Díaz. Otras por grupo de 13 profesionales del derecho y por la firma forense Estudio Jurídico Cedeño.
Tanto el procurador genral de la Nación, Javier Caraballo, así como el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro emitieron una opinión en la que consideran que el contrato es inconstitucional.
González consideró que teniendo un criterio objetivo, de ser posible antes que termine este año se puede emitir una decisión de los recursos presentados, guardando el respeto a lo que implica el máximo tribunal de justicia.
Para el procurador de la Administración, si bien la opinión que emite el Ministerio Público no es vinculante, sí tiene un gran significado, ya que el valor va en función del análisis de la argumentación que hagan.
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