Meduca presenta denuncia por supuesta red de corrupción que involucra a funcionarios y docentes

El Ministerio de Educación (Meduca) presentó formalmente ante el Ministerio Público una denuncia penal por la presunta comisión de delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir. 

La acción legal surge tras la detección de una red que operaba para supuestamente alterar el sistema de nombramientos docentes en diversas provincias del país.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el fraude se centraba en la inscripción de títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles. El objetivo de esta práctica, según Meduca, era mejorar artificialmente el puntaje de ciertos docentes para favorecerlos en los concursos y asegurar vacantes por encima de candidatos que sí cumplían con los requisitos legales.

Las irregularidades han sido detectadas principalmente en las regiones de: Bocas del Toro, Comarca Ngäbe-Buglé, Herrera y
Darién.

Detección y verificación

La denuncia fue interpuesta por la directora de Asesoría Legal, Nilka González, y la directora de Recursos Humanos, Celia Rodríguez. 

Según informaron las autoridades, los controles permanentes en la plataforma del Programa de Vacantes en Línea (Provel) permitieron identificar las anomalías.

Como parte del proceso de verificación, diversas universidades han confirmado que los diplomas bajo sospecha no fueron expedidos por sus casas de estudio, lo que sustenta la tesis de falsificación documental.

 Además, el Meduca adelanta investigaciones administrativas para desarticular la magnitud de esta red y determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios implicados.

Entre las irregularidades reportadas están el uso de diplomas falsos, venta de posiciones inexistentes, comercialización de vacantes reales y la supuesta vinculación directa de personal administrativo.

La institución reiteró su compromiso con la transparencia en el proceso de nombramiento, asegurando que se llegará hasta las últimas consecuencias para proteger el derecho de los docentes que participan de forma honesta en los concursos nacionales.