Recientes revelaciones han dejado en evidencia que muchas e las investigaciones contra miembros de la pasada administración fueron apoyadas por asesores externos que se encargaban de hacer las investigaciones.
Kenia Isolda Porcell, procuradora general de la nación.
Luego de que se conociera que muchos de los expedientes que se crearon contra miembros de la pasada administración fueron armados por una “procuraduría paralela” desde la presidencia de la República, hay juristas que señalan que esos procesos son nulos.
De acuerdo a revelaciones muchas de las investigaciones de supuestos actos de corrupción de la pasada administración fueron apoyadas por asesores externos que se encargaban de hacer las investigaciones, cuando las mismas debieron surgir de oficio y a través de una denuncia.
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Ningún cerco mediático evitará que en Panamá se sepa la verdad. Les recomiendo escuchar con atención estas declaraciones de connotados penalistas pic.twitter.com/wOIejUL8PF— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) 5 de octubre de 2018
Para el abogado Silvio Guerra, estos procesos que se armaron a través de esta forma deben declararse nulos.
“Esos procesos son nulos y hay una norma que lo dice nulos de modo absoluto porque contravienen las reglas y principios rectores del proceso punitivo” recalcó Guerra.
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Por su parte, el abogado Victor Orobio es del concepto de que al gobierno se le fue la mano, el pie y hasta la cabeza.
“Me parece que la procuradora Kenia Isolda Porcell va a quedar muy mal y tengo el presentimiento de que va a quedar siendo investigada, subiendo y bajando escaleras porque un procurador no puede aceptar no solamente conductas delictivas para investigar un caso, sino que no debe aceptar ninguna conducta inmoral o conductas de falta a la ética en una investigación criminal”, agregó Víctor Orobio de forma puntual.
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De acuerdo a revelaciones del diario La Estrella de Panamá la mayoría de los casos de persecución política en contra de exfuncionarios de la administración de Ricardo Martinelli fueron “armados” de manera ilegal en la Presidencia, desde el inicio de la gestión de Juan Carlos Varela.
Para armar estos expedientes el gobierno se de un grupo especial formado al margen de la ley, con destacada participación de su abogado personal, Rogelio Saltarín, y de su jefe de espionaje, Rolando “Picuiro” López.
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