Militares acusados por matanza de jesuitas se resisten a extradición

Los Familiares y abogados de los militares requeridos por la Audiencia Nacional Española para que respondan por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas afirmaron que los oficiales no se entregarán a los tribunales de justicia para fines de extradición.  "No se van a entregar, mejor hacemos la exhortación a la Corte Suprema de Justicia que haga y cumpla lo que la Constitución les manda'', dijo en conferencia de prensa el abogado Lisandro Quintanilla. También exigieron que se ponga en libertad a las cuatro militares que fueron capturados el viernes.  Los familiares de los que se encuentran escondidos advirtieron que los ánimos de los militares están caldeados.  "Los militares son una gran familia, ellos se defienden y se protegen, entonces no podemos decirles que van hacer o que no hacer, hay elementos, hay muchos que ya se pusieron a la orden para cualquier actividad, lo han hecho (pero) nosotros hemos tenido que calmar las aguas como familiares de (los militares) que están siendo ahorita buscados y capturados'', dijo el hijo del general retirado Juan Orlando Zepeda.  La policía salvadoreña capturó a cuatro de los 17 militares reclamados por la justicia española por su presunta participación en el asesinato de los jesuitas perpetrado por un comando elite de la fuerza armada en noviembre de 1989.  Con órdenes judiciales y de allanamiento, se capturó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Avalos Vargas y al cabo Ángel Pérez Vásquez.  Benavides fue condenado a 30 años de prisión pero liberado en 1993 por una amnistía general decretada por el presidente derechista Alfredo Cristiani. El militar era miembro de la promoción conocida como "La Tandona'', el grupo de oficiales que integraron la cúpula castrense durante el conflicto armado (1980-1992).  Los otros tres fueron absueltos en un juicio celebrado entre 1991 y 1992, un procedimiento cuestionados por los mismos jesuitas y organismos internacionales defensores de los derechos humanos.  El juez de Instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, giró las órdenes internacionales de localización y captura con fines de extradición para los 17 militares salvadoreños retirados e involucrados en el asesinato.  De los militares requeridos, 16 se encontraban en el país, mientras que el coronel Inocente Orlando Montano guarda prisión en Estados Unidos y según decisión de la jueza federal Kimberly Swank, será extraditado a España, en lo que se supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los cargos militares salvadoreños por la muerte de los religiosos. Cinco de los seis sacerdotes eran españoles.  Juan Orlando Zepeda, hijo del general Juan Orlando Zepeda, criticó con dureza al gobierno salvadoreño por lo que calificó como una persecución política contra su padre y sus compañeros de armas, muchos de ellos de "La Tandona''.  Visiblemente molesto Zepeda afirmó que "nuestros padres no se encuentran prófugos, nuestros padres son libres, lo digo y lo repito, son libres, ¿por qué son libres?, porque creemos en nuestro país, en nuestra Constitución y en las sentencias que se dictaron que brindan seguridad jurídica para ellos, por eso son libres'', afirmó.  "Es una persecución política, hay intereses oscuros que posiblemente no vengan de este país, hay un sentimiento de odio anti militarista o intereses de desestabilizar el país'', aseguró.  Por su parte Carlos Guzmán, el hijo del coronal Carlos Mauricio Guzmán sostuvo que "este caso se está utilizando como cortina de humo para desvirtuar la atención del ojo público y mediático frente a otros problemas que en la actualidad tienen mucha relevancia en nuestro país''.  Zepeda dijo están dispuesto a defender a sus familiares utilizando todas las armas que les da la Constitución, pero advirtió que los ánimos de los militares "están caldeados''.  Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus universitario.  Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.  Otros dos se beneficiaron en 1993 de una amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de la publicación de un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares del asesinato de los jesuitas.