ONU comienza misión en Nicaragua y condena violencia que ha cobrado 285 vidas

Una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) comenzó una misión oficial en Nicaragua en medio de la crisis sociopolítica que desde hace más dos meses atraviesa este país y que, según un organismo humanitario, ha dejado 285 muertos.

La misión de la ACNUDH, encabezada por la representante regional para América Central de la ONU para los derechos humanos, Marlene Alejos, condenó "el nivel de violencia e inseguridad que ha vivido el país desde" el pasado 18 de abril.

"La muerte de un niño de 14 meses a consecuencia de un disparo durante el fin de semana se añade a una trágica lista de al menos 212 personas que han muerto de forma violenta en el marco de las protestas", reprochó Alejos.
 

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"Estos hechos son inaceptables y no pueden quedar impunes", continuó.

Esa misión llegó a Nicaragua con el objetivo de responder a una solicitud de acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad del diálogo nacional y monitorear la situación de derechos humanos, de acuerdo a su mandato.

La misión de alto nivel se reunirá en Managua y la ciudad de Masaya (sureste) con autoridades del Estado, madres de víctimas, organizaciones sociales, estudiantes, defensores y defensoras de derechos humanos, la Conferencia Episcopal y otros actores claves del diálogo nacional.

El diálogo tiene como actores a representantes del presidente Daniel Ortega y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos.

La presencia de la ACNUDH se suma al de un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en Nicaragua desde el pasado domingo.
 

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Mientras, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) reportó en un informe que al menos 285 personas han muerto -incluido 20 menores de edad-, 2,500 han resultado heridas, 156 desaparecidas y 46 lisiadas de forma permanente en Nicaragua debido a la represión del Gobierno.

El Gobierno se ha valido de sus "fuerzas combinadas que cubren sus rostros con pasamontañas" para realizar "actos ilícitos e impunes", como "torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de morada sin orden judicial y daños a la propiedad", denunció el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, en rueda de prensa.

Por su parte, el canciller nicaragüense Denis Moncada sostuvo que "en Nicaragua se vive un intento de desestabilización social de grupos internos con apoyo internacional, del que se han aprovechado grupos delincuenciales y de narcotráfico" generando una ola de violencia, criminalidad e inseguridad sin precedentes, afectando los derechos humanos y la vida de los ciudadanos.

"Estas son acciones encaminadas a una ruptura del orden constitucional con una exigencia de renuncia del Gobierno y adelanto de elecciones para hacer un cambio de Gobierno por la vía fáctica", denunció Moncada.

Reconoció el legitimo derecho a la protesta pacífica, consignada en la Carta Magna, pero insistió en que "detrás de los reclamos por la reforma al Seguro Social hay otros intereses oscuros", y demandó a la oposición a contribuir a un clima de seguridad, estabilidad, paz y libre circulación.

Esas acciones, agregó, pasa por levantar los bloqueos en las vías, devolver los recintos universitarios tomados por estudiantes, entre otros, y "después estamos dispuestos a escuchar todos los temas de democratización e institucionalidad dentro del marco de la Constitución y las leyes".

Durante la jornada, el coronel retirado del Ejército de Nicaragua, Juan José Sevilla Núñez, fue detenido por la Policía Nacional para ser investigado por la muerte de una agente especial.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó que la Policía detuvo al militar retirado en el municipio de Nagarote, 41 kilómetros al noroeste de Managua, donde cateó su vivienda y ocuparon las armas que tenía.

Nicaragua atraviesa desde hace más de dos meses la crisis más sangrienta desde 1980, también con Ortega como presidente.

Las protestas contra el Gobierno comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, tras once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.