Protestas causan 127 muertos en Nicaragua y los comerciantes se declaran en rebeldía
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 127 el número de personas que han muerto en Nicaragua desde que el 18 de abril se iniciaran las protestas contra Ortega.
La población en Masaya se tomó las calles contra Daniel Ortega. FOTO/EFE
El número de muertos en las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega se elevó a 127, mientras los comerciantes del mercado más grande de Nicaragua se declararon en desobediencia civil ante la "opresión".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 127 el número de personas que han muerto en Nicaragua desde que el 18 de abril se iniciaran las protestas contra Ortega.
"Según nuestros datos, las protestas han causado 127 muertos y cerca de un millar de heridos", dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, el jurista brasileño Paulo Abrao, en una conferencia en la sede en Washington del centro de análisis Diálogo Interamericano.
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Para entender la magnitud de esta tragedia, Abrao recordó que las sangrientas manifestaciones entre abril y julio de 2017 en Venezuela, un país seis veces más grande que Nicaragua, se saldaron con 112 fallecidos.
Abrao denunció que la respuesta de las autoridades nicaragüenses a las protestas ha sido "muy desproporcionada", con el objetivo de crear un ambiente de "intimidación y terror".
La Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó la semana pasada con la CIDH y el Gobierno de Nicaragua crear un grupo para investigar los hechos de violencia, formado por integrantes seleccionados por la comisión interamericana.
La violencia fue particularmente fuerte el fin de semana en la ciudad de Masaya, una antigua cuna del sandinismo ubicada a 28 kilómetros al sureste de Managua, donde los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, apoyada por grupos afines al Gobierno, dejó al menos 10 muertos, 62 heridas y 10 desaparecieron, según un informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
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Entre los fallecidos se encuentra Javier Júnior Gaitán Hernández, de 15 años, el profesor Carlos Erick López (23) y el policía José Abraham Martínez (22), según esa ONG.
La Policía Nacional condenó los "actos terroristas cometidos en el país por estos grupos delincuenciales" y la muerte del oficial.
La vicepresidenta, Rosario Murillo, dijo que los nicaragüenses quieren paz, tranquilidad y trabajo frente al odio y la violencia desatada por la crisis sociopolítica, y señaló que desea que no se produzcan más pérdidas humanas.
El Gobierno de Ortega, que cuenta ya con 11 años en el poder, responsabiliza de la "violencia delincuencial" que azota al país desde abril pasado a "grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas", y niega la existencia de "fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno", que son señaladas por los manifestantes como los autores de las muertes en las protestas.
Murillo mostró su convencimiento en que la fe y el bien prevalecerán sobre el odio, y volvió a abogar por el diálogo para superar la crisis.
El diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos-, fue congelado poco después de haberse instalado a mediados de mayo y tras la propuesta de los sectores civiles de adelantar las elecciones como salida a la crisis, lo que el Gobierno tildó de "golpe de Estado".
En tanto, los comerciantes del Mercado Oriental, el más extenso de Nicaragua, se declararon en "desobediencia civil" en protesta contra la "opresión" del presidente Ortega.
"No vamos a pagar impuestos, sí vamos a garantizar el salario de los trabajadores, porque no vamos a permitir más imposiciones, no señor, esto se acabó, el 18 de abril Nicaragua se levantó en un grito de no más opresión y no más imposición", dijo un portavoz de los comerciantes del mercado, ubicado al norte de Managua, en un acto.
Las protestas contra Ortega y Murillo comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.