Procuraduría habría obviado alerta sobre créditos fiscales

La Procuraduría General de la Nación habría tenido conocimiento del escándalo relacionado con los créditos fiscales en la Dirección General de Ingresos (DGI) antes de que se presentara, en mayo de 2025, una denuncia anónima sobre el caso.

Un informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) realizado por la sargento 2do. Jazmín Navarro revela que desde hace 8 años las autoridades habrían sido alertadas sobre la presunta manipulación del sistema e-Tax 2.0.

La empresa Krishel Investments, según consta en el documento, presentó, en 2017, una denuncia administrativa por una cesión irregular de créditos valorados en $136,958.34 hacia las cuentas de la compañía Bonay Internacional Holding S.A.

Aunque dicha entidad no registraba una actividad económica real que justificara tales saldos, las transacciones se llevaron a cabo, lo que motivó la queja administrativa de la parte afectada; sin embargo, la Procuraduría, que en ese entonces estaba a cargo de Kenia Porcell, no habría tomado acciones al respecto.

Dicha omisión habría permitido que el esquema continuara operando, con la supuesta participación de funcionarios y particulares, algunos de los cuales actualmente enfrentan procesos judiciales por su presunta vinculación al caso, lo que supone que las administraciones de Eduardo Ulloa (2020-2021) y Javier Caraballo (2021-2024) tampoco tomaron medidas para atender la situación.

Caraballo, de acuerdo con la entrevista judicial de Eduardo Silvestre López, exfuncionario de la DGI, tenía relación con un tal Luis G., socio de H. Luna y O. Palacios, a quienes Silvestre López habría identificado como los supuestos cabecillas de la operación, junto a Rina Arza, exsupervisora de fiscalización de la DGI.

Las conversaciones extraídas del celular de Silvestre López por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) dan cuenta de que el nombre del entonces procurador aparecía entre sus comunicaciones.

El exfuncionario mencionó por primera vez a Caraballo el 23 de julio de 2024 en un intercambio con Arza, a quien llamaba "madre", en el que dialogan sobre una supuesta reunión que tendría el exprocurador con uno de los familiares de la propietaria que denunció las irregularidades relacionadas con los créditos fiscales.

Arza incluso aseguraba que Caraballo respaldaría a una persona, cuya identidad no se precisa en los mensajes, para evitar que "lo jodan", y al consultarle a Silvestre López a quién se refería, este responde "al fiscal general de Panamá", confirmando que se trataba de quien estaba al frente de la Procuraduría.

Posteriormente, trascendió que el expediente que contenía la acusación administrativa por la cesión inconsulta de más de 136 mil dólares había sido cerrado.

El apellido del exprocurador volvió a figurar entre los exfuncionarios de la DGI al mes siguiente, luego de un encuentro con Gaitán, identificado como allegado a Caraballo.

En la conversación, Arza le preguntó a Silvestre López qué le había parecido "don Luis", a lo que respondió que "serio y responsable", percepción que afirmó compartían, detallando que los presentó para que el exservidor público estuviera "más seguro y tranquilo" porque la persona con la que Luis hablaba era "el mismo Caraballo".

Las conversaciones de ambos exintegrantes de la institución y el informe de la DIJ indican que la manipulación del sistema tributario venía gestándose ante la mirada de quienes, se supone, debían investigar lo ocurrido; no obstante, su círculo cercano estaría integrado por personas presuntamente vinculadas al caso, una situación que plantea interrogantes sobre la imparcialidad y objetividad de sus investigaciones.