Sobrino de diputado del PRD es sentenciado por fraude en caso de tierras

Antonio Pérez M.

(antonio.

perez@epasa.

com) / PANAMA AMERICA Claves Modalidad La organización utilizaba la participación de funcionarios de Reforma Agraria para lograr la inscripción ilegal de las tierras a nombre de trabajadores de la familia Torres para que, posteriormente, estos las vendieran a precios muy bajos a sociedades anónimas que fueron utilizadas como pantalla para realizar las operaciones fraudulentas Personas En este proceso que lleva el Ministerio Público están mencionadas en los expedientes 43 personas.

Una sentencia a cuatro años de prisión por el delito contra la administración pública, en la modalidad de violación de sellos públicos, fue interpuesta en contra de José Edir Torres De León, sobrino del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Freidi Torres.

La sentencia fue decretada por el Juzgado Liquidador de Causas Penales en la provincia de Veraguas, contra Torres De León y José Abel Pérez, trabajador de la empresa de transporte patrimonio de la familia del diputado Freidi Torres.

El caso se realizó mediante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), por tratarse de una investigación que se desarrolló en la provincia de Veraguas, donde operan las nuevas reglas del Código Procesal Penal.

La condena se da por el traspaso ilegal de 126 hectáreas de terreno en la isla San Miguel, en el que se vincula a José Edir Torres, quien fungiendo como abogado logró la inscripción fraudulenta en Reforma Agraria de las tierras a nombre de José Abel Pérez.

Este ciudadano, posteriormente, vendió los terrenos por 762 dólares al empresario David Torres Solís, miembro de la familia del diputado del PRD.

Por tratarse de un caso con sanción que no supera los cuatro años de prisión, la pena fue conmutada por días multas.

A los sentenciados se les aplicó una multa a pagar de 900 dólares en efectivo.

A José Edir Torres además se le aplicó la sanción de inhabilitación por un año de la profesión de abogado.

Este caso está vinculado a una red dedicada a la expropiación de tierras a través de documentos falsificados que operaba en todo el país y mediante la cual fueron traspasadas de manera ilegal 87 fincas propiedad del Estado, lo que representa una posible lesión patrimonial por el orden de los 20 millones de dólares.

Los terrenos que fueron demandados por el traspaso ilegal de tierras del Estado se encuentran en Calovébora, provincia de Veraguas; Caizán, Chiriquí; Coclé del Norte y en la provincia de Panamá.

Entre los investigados en estos procesos se menciona a nueve personas que tienen medidas cautelares por formulárseles cargos, tras encontrarles indicios de pertenecer a esta organización delictiva que vendía tierras del Estado.