Disputas por tierras se tornan violentas

TÉRRABA, Costa Rica — Durante décadas, los miembros de la tribu brörán, en el sur de Costa Rica, anhelaron recuperar tierras ancestrales de granjeros que también las reclamaban. Un fin de semana del mes pasado ingresaron a varias granjas, jurando que se quedarían.

No pasó mucho tiempo, dijeron, antes de que los agitados granjeros salieran. Armados con machetes, palos y armas de fuego, los granjeros se amontonaron en la cima de la montaña durante horas, lanzando amenazas, mientras los líderes indígenas imploraban a la policía que les ayudara. Elides Rivera todavía tiene la grabación de voz de la llamada de auxilio que hizo a un comandante de la policía local: “Se los ruego con todo, todo el corazón”.

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Pero se desató una riña que culminó en la muerte de su sobrino, Jerhy Rivera, de 45 años, un activista indígena.

La muerte de Rivera ocurrió pocas semanas después de que otro indígena de un pueblo cercano fue asesinado a tiros en una disputa por la tierra, y un año después de que un líder de derechos de la tierra de ese pueblo fuera abatido en su casa.

En los últimos cinco años, los conflictos por la tierra y los recursos de la región han dado lugar a unas 200 confrontaciones y a la muerte de 60 indígenas, de acuerdo con el Business & Human Rights Resource Center, una organización de Londres.

Cuatro indígenas fueron asesinados en Nicaragua en enero, y al menos una docena más murieron en Colombia en las dos primeras semanas de este año, de acuerdo con las Naciones Unidas.

Las muertes en América Latina son el resultado de enfrentamientos cada vez más violentos entre personas que han vivido en la tierra durante miles de años y colonos que han llegado más recientemente. Desde México hasta Brasil, tribus indígenas tomando acción contra ganaderos, madereros, mineros y otros esperan recuperar sus tierras. A veces, dan la vida por ello. Pero parece que los recién llegados rara vez pagan un precio legal.

Rivera, padre de cuatro hijos, vendía pollos y promovía la concienciación sobre su tribu. En el 2013, fue víctima de una golpiza en una disputa con madereros.

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Aunque algunos grupos gozan de protección, la aplicación de la ley puede ser laxa. En Nicaragua, hogar de los miskitu, el Gobierno se ha pronunciado contra la apropiación ilegal de tierras por parte de los colonos, pero no ha hecho nada para ponerle un alto. Sin ninguna vía legal a la cual recurrir, las comunidades indígenas a veces se agrupan para sacar a los recién llegados de la tierra.

En muchos casos, los colonos no sabían que sus compras de tierras eran ilegales. Muchos invirtieron los ahorros de toda su vida y no están dispuestos a irse.

Víctor Hugo Zúñiga, de 38 años y padre de tres hijos, es un granjero no indígena que vive en tierras disputadas en Costa Rica. Dice que el Gobierno le dio a su padre tierras en Olán en 1972, antes de que se establecieran las reservas indígenas. “No se las quitamos a ningún indígena”, dijo. “Ahora, después de 45 años de vivir aquí, ¿cómo es que somos usurpadores?”

Marcos Guevara, profesor de antropología de la universidad de Costa Rica, dice que la erupción de la violencia tiene décadas de estar latente. Cuando el Gobierno dio a los grupos indígenas franjas de tierra en 1977, se suponía que compensaría a los granjeros, pero fueron pocos los compensados. “Estos son problemas que el propio Estado creó”, dijo.

Minor Mora, de 61 años, un granjero local, dijo que el Gobierno debería ayudar a reubicar a las miles de personas no indígenas que viven en tierras indígenas.

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Cindy Vargas, de 35 años, miembro de un grupo de mujeres de la tribu brörán llamado Ruta de las Aves, dijo que Costa Rica era vendido como un país multiétnico y multicultural, pero que eso no iba mucho más allá del folclor.

“Ven a los indígenas como los que se disfrazan, hacen comida tradicional y bailan”, dijo Vargas. “Costa Rica es un país de doble moral. Sólo se preocupan por el folclor, pero no por aplicar los derechos en los territorios indígenas”.

Paulina Villegas contribuyó con reportes a este artículo.