Inestabilidad de los servidores públicos

Con el advenimiento de un nuevo gobierno a partir del 1 de septiembre próximo, resurgen las preocupaciones de cada servidor (a) público (a) en torno a las posibilidades de mantenerse o no en el empleo, ya que 100 años de vida republicana nos han enseñado que con los cambios de gobierno se producen las barrerías de funcionarios, situación que crea momentos difíciles a los ciudadanos de a pie.

De allí que cada quien intente encontrar parentesco o amistad con los nuevos regentes del Estado; los miembros de base de la alianza política electoral ganadora de las elecciones generales, en una buena proporción, se consideren con el derecho inalienable a ocupar cargos en el Estado, "debido a la falta de trabajo"; o sea, que los propios servidores públicos o los desempleados avalan y promueven el clientelismo político.

La Corte Suprema de Justicia ha dicho que quien no ha ingresado a un cargo público por concurso, no posee estabilidad (excepciones hechas sólo por la propia Corte, por supuesto).

De acuerdo a este criterio, forman parte del botín político cerca de 100,000 puestos del Estado.

Basado en ese concepto, el gobierno de Mireya Moscoso destituyó a casi 30,000 servidores públicos, la mayoría sin justificación.

La Constitución Política declara en su artículo 295, que los servidores públicos se rigen por el sistema de méritos y la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su lealtad a la Institución, a su competencia y a su moralidad.

Agrega que ninguna autoridad posee facultad absoluta y discrecional para nombrar ni para destituir a los funcionarios, pero nuestra Corte Suprema ha dicho que es una declaración programática y no una norma imperativa, por lo tanto no es obligación cumplirla al pie de la letra.

Trabajadores con más de 20 y 30 años de laborar para el Estado, son destituidos sin miramiento alguno, sin causa disciplinaria que justifique dicha acción, solamente basado en criterios político-partidistas o peor aún, en el capricho del jefe de la entidad.

Mujeres embarazadas que son protegidas por el artículo 68 de la Constitución, han sido destituidas y no han sido reintegradas, sin fundamento alguno, con el aval de la Corte Suprema.

De acuerdo a este panorama, la estabilidad de los servidores públicos está sujeta no al criterio descrito en la Constitución y la Ley, sino al del gobernante de turno (curiosamente entre 1970 y 1980, cuando no existían partidos políticos, hubo un período de mayor estabilidad laboral en el Estado).

La cultura del respeto a la Ley en este sentido, parece no haber llegado aún a nuestra clase política.

La inexistencia de estabilidad laboral en el Estado se ha intentado justificar en la falta de empleos, utilizando los cargos como solución para garantizarle un ingreso a amigos y copartidarios, pero descuidando que, de acuerdo a las estadísticas, tenemos un ingreso per cápita de más de B/.

3,000 anuales; es decir, suficiente para garantizar la canasta básica alimenticia, sin embargo a la vez somos el segundo país de América Latina donde se distribuye de peor forma la riqueza, o sea que mientras el 40% de la población vive con menos de B/.

2.

00 al día y el 27% con menos de B/.

1.

00, hay personas (muy pocas) que viven con más de B/.

30.

00 diarios y mucho más.

Se ataca el desempleo coyuntural y demagógicamente y no las causas reales del mismo, como lo son las diferencias estructurales económicas y sociales.

En ese mismo orden de ideas, los salarios de los servidores públicos sirven apenas para sobrevivir, por lo que al final no es el gran favor otorgarle un empleo sin concursar a un amigo, en el Estado.

La ausencia de concursos para ingresar y la destitución por causas político - partidistas le hacen daño al ciudadano en particular, pero también al Estado y al país en la medida en no tenemos en el sector público el recurso humano más idóneo, sino al más amigo.

No aprovechamos la experiencia y la capacidad sino la oportunidad política y despreciamos la experiencia a cambio de la improvisación, causa en buena parte del retraso en las ejecuciones de proyectos gubernamentales y, en fin, de cuentas del subdesarrollo estancado en el que vivimos.

De nada valdrá reformar la Constitución Nacional si no se respeta su contenido; de nada valdrán los grandilocuentes discursos acerca de la necesidad de modernizar el Estado panameño si se sigue actuando de la misma forma que todos los gobiernos anteriores frente a los servidores públicos.

Alberto Einstein definía la locura como el esperar obtener resultados distintos haciendo las cosas de igual modo.

De acuerdo a esa definición, todos los gobiernos que han prometido mejores días a los servidores públicos en 100 años han estado locos o han sido verdaderos demagogos.

Se trata en el futuro inmediato de cambiar esa realidad.

Tiene la palabra "Patria Nueva".

(ayalaabogado@hotmail.

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