La omisión a la ley

En Panamá la omisión a la ley se viene dando con mucha regularidad.

Los medios de comunicación social, como los testimonios de personas, así lo confirman.

Entre los hechos evidentes de esta situación se pueden citar: el castigo ocasionado al país con gravamen por la negligencia de un funcionario en el exterior; el desabastecimiento a la Caja de Seguro Social de los medicamentos para los asegurados; la inseguridad que viven propios y extraños, a pesar que la Constitución dice que "las autoridades deben proteger la vida, honra y bienes de los nacionales y extranjeros que estén bajo su jurisdicción"; la ausencia de servicios de agua potable en La Chorrera y de aguas negras en Samaria de San Miguelito, a pesar que la Constitución dice que no habrá fueros ni privilegios; la evasión de impuestos; no pagar las horas extras y la cuota del Seguro Social a los trabajadores; la tala de árboles, cierre de ríos, quebradas y aceras con el propósito de instalar antenas, construir edificios, barridas y centros comerciales; intolerancia hacia los usuarios del transporte público y selectivo.

Sin embargo, como transportista, se exige bajar el precio del combustible, piezas y llantas, multas, pago de endémicos autobuses; no respetar el pabellón nacional cuando se le rinde honores; cierre de calles y avenidas por cualquiera disconformidad; improvisar talleres mecánicos y estacionar los autos en aceras, en perjuicio de los peatones; envestir los autos en vez de usar el puente peatonal; estacionarse en sitios otorgados a los discapacitados; empapelar propiedades privadas sin consentimiento de sus dueños.

Salta a la vista que la omisión a la ley no es solamente por parte de las autoridades, sino también de los ciudadanos.

En un principio, el hombre en su convivencia en sociedad, notó que para la satisfacción de todos en muchas necesidades era necesario su regulación, como también la actividad del individuo con los demás para el bienestar de todos.

De este modo, da paso al nacimiento del derecho como forma para regular la conducta humana.

Posteriormente, con el transcurrir del tiempo, surge la necesidad de frenar las violaciones que cometían los particulares y las autoridades, por lo que considera imponer para un cumplimiento efectivo, las características de coerción, sanción y coacción.

La coerción se define como la presión que se ejerce sobre la persona para que cumpla con la ley, de lo contrario hay una sanción.

En tanto, la sanción es la pena por incumplimiento; y la coacción sucede en los casos que la persona obligada no cumpla voluntariamente se recurre a la fuerza.

El Doctor César Quintero, en su obra "Derecho Constitucional" indica que : "La ley es una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite, y a la cual todos deben obediencia".

Los códigos Penal y Civil señalan, respectivamente, que "hay delito de omisión cuando el sujeto incumple el mandato previsto en la norma", y "el que por acción u omisión causa daño a otra interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado".

En fin, una ley deja de estar en vigencia sólo cuando es declarada inconstitucional; o sea, eliminada por otra ley que así lo disponga.

De lo contrario, está en función causando los efectos y consecuencias con la que fue promulgada.