Pedido de extradición de Mizrachi viola la norma internacional

El pedido de extradición de Mayer Mizrachi Matalón, que formalizó Panamá  ante Colombia, no satisface  las requisitorias formales de la normativa internacional,  plenamente reconocidas en el país vecino. Así lo explicó a Panamá América el abogado Silvio Guerra, defensa legal del  empresario panameño. Guerra califica como  “patraña jurídica” el proceso al que apuestan las autoridades locales de turno, que han fijado  su interés en Mizrachi y lo reclaman en nuestro país para procesarlo  por supuestas irregularidades en el cumplimiento de un contrato de mejora y digitalización de los sistemas de comunicación en estamentos de seguridad. “¡Falso! Mayer  no incumplió en forma alguna dicho  contrato; de hecho, está documentado que lo cumplió plena y cabalmente”, afirmó en tono categórico el jurista Silvio Guerra. Aunque si  se comprobara alguna irregularidad, como sostiene la fiscalía en Panamá, dicha acción -en la mayoría de los países de la región- no pasaría más allá de una falta administrativa, y en ningún caso la atribución de delito. “Pero es que tampoco existe tal delito; yo insisto en esto: Mayer Mizrachi cumplió el contrato”, reiteró el jurista Guerra.  Y agregó que “en Colombia tienen bien claro que un hecho que emerge de un contrato administrativo,  en donde además es claro y evidente que se cumplió a cabalidad”, no tiene soporte jurídico. Razón por la que en Colombia ya hay peticiones ante la Fiscalía General de la República, ante el Ministerio del Interior  y ante la Cancillería para que se  desestime el pedido panameño por no cumplir las requisitorias formales de la legislación procesal colombiana, que como todo país requerido, exige el requisito mínimo de doble incriminación. Algo que no es viable en este caso, detalló a este medio el abogado de Mizrachi, toda vez que “no califica como  delito ni en Panamá ni menos en Colombia”.  De allí el argumento de que no se  satisface la norma internacional. Trasfondo Y sin delito de por medio, reflexiona  Guerra, solo queda considerar otras  matrices donde lo estrictamente jurídico se ausenta. Tal sería el caso de  la persecución política,  que se le achaca de manera reiterativa a la actual  administración, y que en sus conexiones hasta Mayer Mizrachi, “sería una persecución injusta, indebida e ilegal”, según  su abogado. Guerra concluyó advirtiendo que  estos entuertos jurídicos, siendo que trascienden la competencia de lo estrictamente legal, no logran hacerle sentir atado.   “Por el contrario,  despierto más para combatir aquello que con apariencia de derecho, pero que no es más que el argumento baladí de hacerle daño a la honra y a la dignidad de un panameño de quien nos debemos sentir orgullosos”.