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Ejecutivo se impone en debate de reformas constitucionales

Miguel Antonio Bernal aseguró que el Órgano Legislativo está genuflexo ante el poder Ejecutivo, que es quien realmente controla al país.

Belys Toribio | ctoribio@epasa.com | @BelysToribio - Actualizado:

La advertencia de convocar a una Asamblea Constituyente Paralela fue comunicado por el presidente Cortizo a su vicepresidente, José Gabriel Carrizo. Foto de archivo

Especialistas en Derecho Constitucional coinciden en que el giro que dio la Asamblea Nacional (AN), de discutir las reformas constitucionales como fueron enviadas en primera instancia, fue producto del amague por parte del Órgano Ejecutivo, de llamar a una Asamblea Constituyente Paralela.

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Este llamado por parte del Ejecutivo sometería a los diputados a la repulsa ciudadana, además se le restaría el protagonismo y poder, ya que se convocaría a una elección popular de 60 constituyentes, quienes tendrían en sus manos crear la nueva constitución, que posteriormente sería sometida al aval o no de la población.

El constitucionalista Miguel Antonio Bernal explicó a Panamá América que la decisión de los diputados de discutir la reformas constitucionales redactadas por la Concertación Nacional para el Desarrollo, reveló la falta de seriedad en la forma en que se están discutiendo las reformas, además de evitar la participación ciudadana de parte, tanto del Ejecutivo, como del Legislativo.

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Bernal fue categórico en afirmar que el Legislativo está genuflexo ante el Ejecutivo, que es quien realmente controla dentro del sistema presidencialista todo en el país.

El también constitucionalista Ernesto Cedeño dijo que "hay un músculo del poder Ejecutivo, indudable, que lo utilizó, que al parecer no lo quería utilizar, pero ya cuando se estaba saliendo de las manos tuvo que ejercerlo y se alinearon en su mayoría".

Cedeño considera que ha sido un "salva vida", un "tanque de oxígeno", que por lo menos se haya retomado el proyecto de las reformas constitucionales original, el cual no es la panacea, sin embargo el documento final de las reformas quedaría mejor de como se estaban llevando en la Asamblea.

Por medio del diputado independiente, Juan Diego Vásquez, la ciudadanía se enteró que se aprobó un artículo, con el cual a los diputados se le podría aumentar el sueldo anualmente y no por periodo constitucional, como lo establece actualmente nuestra Carta Magna.

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Vásquez aseguró que sí esta abierta la posibilidad de que año tras año se le aumente el salario a los diputados, lo cual considera preocupante e irresponsable.

"Ellos están aprovechando la coyuntura que se ha abierto para ver que logran en beneficio de ellos, en eso es lo que están", dijo Bernal.

Hay quienes consideran que las discusiones de las reformas constitucionales se han salido de control y que los diputados de manera irresponsable han introducido modificaciones y nuevos artículos inoportunos y ajenos a los propósitos de ampliar y modernizar la democracia en el país.

Estas reformas han sido aprobadas con el desconocimiento de la población e inclusive de los propios diputados.

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Tal es el caso del diputado, Miguel Fanovich, quien votó a favor de la creación de la figura de un fiscal superior, que investigará a los procuradores de la Nación o la Administración.

Posteriormente, el diputado del Molirena reconoció ante los medios de comunicación que votó a favor, desconociendo el artículo lo que estaba avalando.

La polémica que ha surgido en torno a la manera en que se han venido discutiendo en la Asamblea Nacional las reformas constitucionales, ha marcado un punto de inflexión, que ya provocó las mayores protestas registradas desde el inicio del gobierno del presidente Laurentino Cortizo.

Para el abogado Aldo Moreno, es importante atender esto, pues podría significar la primera muestra visible (de acciones de calle) que evidencian que el amplio respaldo que mantenía el nuevo gobierno, empieza a dar muestra de "resquebrajamiento".

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Para muestra, las acciones violentas que se dieron el pasado martes, cuando una turba de estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) ingresó a la fuerza en la Asamblea, sin importar la lluvia que caía, y los esfuerzos del personal de seguridad de este órgano del Estado, que se vio superado y sin autoridad.

Y a pesar que posteriormente se realizaron reuniones entre diputados y autoridades universitarias, el grueso de los estudiantes mantuvo su inconformidad con las reformas constitucionales, y ayer escenificaron nuevas protestas, que incluyó el cierre de los cuatro paños de la vía Transístimica, lo que provocó un caos en las principales avenidas de la ciudad de Panamá, hasta entrada la noche.

"Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen que ver el lenguaje violento de estas primeras escaramuzas, con piedras, palos, neumáticos incendiados y afectaciones a terceras personas", alertó el sociólogo Denis Harris.

Y lo peor -agregó- es que no se ve una intención de diálogo por parte de los manifestantes, pues en el caso de los universitarios, la consigna es "el archivo definitivo" de las reformas a la Carta Magna.

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Un lenguaje igual de radical reflejaron las acciones de calle que organizaron ayer miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) en varios puntos de la capital.

De hecho, los obreros realizaron marchas y cierres parciales de vías en los predios del Aeropuerto de Tocumen, en el corredor Sur, en el Itse de Tocumen, así como una marcha hacia la rotonda de La Siesta, en ese corregimiento.

El secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, reiteró ayer que las actuales reformas a la Constitución "son un parche que en nada beneficia a la mayoría de la población y que este país es dominado por el poder económico y no por el pueblo".

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Y al igual que los universitarios, Méndez no pidió ningún tipo de diálogo. "No queremos más encuentros para dialogar. Consideramos que todo estos es una pantomima, con una supuesta mesa de diálogo en la cual no se encuentra representado el pueblo", señaló el dirigente sindical.

"¿Será el inicio de la falta de respaldo popular para este Gobierno? Es algo que se deben preguntar las autoridades, y hacer los ajustes necesarios", concluyó el sociólogo Denis Harris.

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