Panamá
Dos terceras partes de los encuestados rechazan en forma total que existan autoridades públicas que gocen de este emolumento adicional.
La mayoría de los panameños desaprueba el uso de gastos de representación por parte de funcionarios, según la última encuesta de Gallup Panamá para Grupo Epasa.
Ante la interrogante de si estaban de acuerdo con que autoridades públicas reciban dinero adicional de su salario, 67% contestó no estar en nada de acuerdo, mientras que 13% dijo que poco.
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Solo 18% de los entrevistados dijo estar de acuerdo en algo o mucho con que funcionarios reciban gastos de representación.
Al respecto, el abogado Alfonso Fraguela manifestó que aunque traten de decir que los gastos de representación son para diligencias específicas dentro del rango que ocupa cada funcionario, lo cierto es que se percibe que no hay un sacrificio de estos por dar lo mejor de sí para la patria.
"Definitivamente ha generado un profundo malestar ante la opinión pública, al percibir que el salario de un servidor publico, no solo es el que recibe el 14 y 29 de cada mes, sino que hay emolumentos adicionales que pudieran llegar a superar cifras significativas", argumentó.
Fraguela resaltó que si se quiere que el país cambie de percepción, los servidores públicos tienen que crear ese compromiso con la población.
Además, es importante que esos gastos estén respaldados por actuaciones que demuestren que están justificados.'
10%
para el impuesto sobre la renta se retienen de los gastos de representación.
9%
del gasto de representación se retiene para el pago de seguro social.
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"El pueblo está pidiendo que demuestren que están haciendo un uso correcto de ese dinero", expresó.
En tanto, el economista Salomón Samudio explicó que hay cargos públicos que por la naturaleza de sus funciones poseen gastos de representación.
"Los ministros tienen reuniones que sus salarios no contemplan, al igual que los embajadores, en fin, situaciones protocolares que por la naturaleza del cargo se justifica", sostuvo.
No obstante, Samudio advierte que estos gastos tienen que estar medidos y justificados.
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"El dilema es cuando no están definidos para que se utilizan y vienen como parte de un salario. Hay funcionarios que se acostumbran a eso", dijo el economista.
Y es que se dan situaciones en que hay un salario establecido y el gasto de representación se convierte para algunos funcionarios en otro salario, situación que no es correcta.
Otra hecho que hasta podría rayar en una posible lesión patrimonial es en cuanto al monto del gasto de representación.
En algunos casos, se observa que estos gastos son iguales al salario, cuando la norma establece que debe ser menor hasta un determinado porcentaje.
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Este tema estuvo en voga en las últimas semanas, luego de conocerse acerca de elevados gastos de movilización que favorecían a alcaldes y representantes de corregimiento.
Al final, la Contraloría suspendió estas partidas, las que son revisadas.
"Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados".
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