Presidente Laurentino Cortizo veta proyecto de ley que buscaba castigar a aquellos servidores públicos que permitieran la paralización y deterioro de las obras públicas
Este proyecto de ley, impulsado por la diputada de Cambio Democrático, Mayín Correa, tenía como objetivo sancionar a los funcionarios que, permitan el deterioro significativo, el abandono, la destrucción o el encarecimiento de una obra.
El Presidente Laurentino Cortizo dijo que el proyecto quedaba "objetado en su conjunto" por razones de "inconveniencia e inexequibilidad".
El proyecto de ley que buscaba castigar con penas de tres a cinco años a los servidores públicos que permitieran la paralización y deterioro de las obras públicas, fue vetado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Este proyecto de ley, impulsado por la diputada de Cambio Democrático, Mayín Correa, tenía como objetivo sancionar a los funcionarios que, con conocimiento y teniendo a su disposición los recursos económicos para desarrollar una obra licitada, permitan el deterioro significativo, el abandono, la destrucción o el encarecimiento de esta.
Sin embargo, en virtud de la objeción por parte del Órgano Ejecutivo, por inexequible e inconveniente, el “Proyecto de Ley 28 de 2020, que adiciona disposiciones al Código Penal, relativas a la paralización de obras públicas, la diputada Mayín Correa hizo público un comunicado en el que destaca varios aspectos.
Entre los cuales manifestó, que es un hecho público y notorio, que a lo largo y ancho del país existen más de un centenar de obras que fueron paralizadas por el gobierno de Juan Carlos Varela, lo que le ha ocasionado pérdidas por más de mil millones de dólares.
Al tiempo que considero que, el "Proyecto de Ley 28 de 2020, que adiciona disposiciones al Código Penal, relativas a la paralización de obras públicas”, tiene como norte castigar a quienes, de manera dolosa o culposa dejen perder obras públicas, que son construidas con dineros del pueblo panameño.
La diputada Mayín Correa manifestó también que se trata de un proyecto que fue presentado inmediatamente a mi llegada a la Asamblea Nacional, y después de una amplia discusión, que duró un año, fue aprobado unánimemente por el pleno legislativo.
De acuerdo con la diputada el veto presidencial, es de corte político ya que revela una falta de compromiso del actual gobierno, por investigar los desgreños administrativos presentes y futuros.
El comunicado de la diputada Mayín Correa concluye en que manifiesta su voluntad de seguir luchando para que este proyecto de ley, sea una realidad y se castiguen de una vez por todas a los funcionarios que despilfarran los dineros del pueblo panameño.
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El mandatario Cortizo escribió una nota dirigida al presidente de la Asamblea Nacional Marcos Castillero, con fecha del 25 de septiembre.
En dicha nota el gobernante manifestaba que el proyecto quedaba "objetado en su conjunto" por razones de "inconveniencia e inexequibilidad".