Auditores de la Contraloría General de la República inspeccionan plan Panamá Solidario en áreas alejadas de la provincia de Colón
Muñoz indicó que esta práctica de supervisión pone a disposición de la población un proceso de transparencia en cuanto al Plan Panamá Solidario.
Auditores de la Contraloría General de la República inspeccionan plan Panamá Solidario en áreas alejadas de la provincia de Colón
Funcionarios de la Contraloría General de la República de Panamá realizaron una gira de inspección al programa Panamá Solidario a las costas colonenses, en coordinación con la oficina de enlace presidencial para las costas.
Alexis Muñoz, enlace presidencial informó que la gira se hizo en Donoso, y contó con con auditores sociales, observadores de la Casa de Justicia y paz y colaboradores de la Junta comunal de Miguel de La Borda.
Muñoz indicó que esta práctica de supervisión pone a disposición de la población un proceso de transparencia en cuanto al Plan Panamá Solidario.
Hasta la fecha la ayuda ha sido distribuida de manera responsable en las costas de Colón y en el distrito Omar Torrijos Herrera, aseguró Muñoz.
El decreto 400 del 27 de marzo de 2020 establece el Plan Panamá Solidario y quiénes están encargados de las auditorías y fiscalización de este programa, en este caso la Contraloría General de la República.
Las auditorías se hicieron en botes debido a que las comunidades donde se ha llevado la ayuda están muya alejadas.
Se trata de familias campesinas en su mayoría afectadas de manera directa por los efectos la pandemia.
En el caso de Panamá Solidario para las costas y montañas en Colón se hace entrega de bolsas de alimentos.
Esta ayuda es coordinada por la gobernación, que la distribuye por medio de las juntas comunales, el Centro de Trazabilidad.
Los que se busca, entre otras metas, es que la ayuda llegue a las personas enfermas con Covid-19 y a sus familiares.
Incluso cuando las personas se hacen hisopados y guardan cuarentena por ser contactos de una persona positiva, también recibe bolsas de alimentos.
En el caso de las juntas comunales, las mismas deben llevar un registro de las personas a quienes se les entrega la ayuda, debido a que ellos conocen mejor las poblaciones.