Panamá
La aprobación del contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño, ha sido el detonante de una explosión social que ha llevado a las calles a sectores.
Muchos jóvenes han estado participando de las protestas. Archivo.
Muertes, pérdidas económicas y afectaciones en sectores como salud y educación, son algunas de las consecuencias que están dejando las protestas y cierres de calles contra el Gobierno Nacional, los cuales se han extendido por 20 días.
La aprobación del contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño, ha sido el detonante de una explosión social que ha llevado a las calles a sectores de la sociedad civil, educadores, médicos, sindicatos, jóvenes y personas comunes.
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Expertos señalan que, si bien es cierto, el descontento de la población es contra el contrato minero, igualmente problemas como el alto costo de la vida, desempleo, corrupción y otros, también han sido plasmado por la población en sus protestas.
Sin embargo, las protestas que son legítimas, en algunos lugares del país han sido desvirtuadas por algunos facinerosos que se han aprovechado de la situación para cometer vandalismo en algunos locales comerciales.
Hasta la muerte de tres personas ha dejado esta crisis que vive el país, dos de ellos a mano armada en Chame, Panamá Oeste.
Mientras que los cierres de calles también han traído consigo afectaciones a empresarios y productores, estos últimos incluso han tenido que votar gran parte de sus cosechas.
Miles de libras de papa, repollo, zanahoria, lechuga y otras legumbres han sido tiradas a la basura, pues se pudrieron productos de los cierres de calle.
En el caso de los productores de Tierras Altas, los mismos hablan de pérdidas que superan los 10 millones de dólares.
Otra afectación que esta trayendo esta situación, es en miles de estudiantes del sector público del país, los cuales van para casi tres semanas sin recibir clases.
La preocupación está en la forma en que se podrá recuperar estas clases y en aquellos estudiantes graduandos que no saben cómo quedarán si continúan estas protestas en el país.
En cuanto al tema de salud, miles de citas médicas se han perdido e incluso se ha puesto en peligro la vida de cientos de pacientes renales que no están recibiendo de buena manera su tratamiento.
Mientras todo esto sucede, el país se encuentra divido en dos sectores, uno que pide la derogación total del contrato minero y otro que esta a la espera de que se resuelvan varias demandas de inconstitucionalidad sobre este tema.
Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indicó que la fecha más probable que se tiene para poder ver algún tipo de resultados en cuanto a las demandas de inconstitucionalidad.
La otra interrogante que surge es sobre lo que pasaría si la Corte Suprema de Justicia no falla esas inconstitucionalidades para antes de que acabe el mes de noviembre.
Esto porque hay sectores que hablan que se mantendrán en las calles hasta que la Corte defina este tema.
Todo esto, ante un Gobierno que ha estado prácticamente ausente frente a la crisis que vive el país.
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