Extrabajadores del IRHE piden declarar al Estado en desacato por no cumplir fallo

Trabajadores del extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) solicitan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declarar al Estado panameño en desacato al considerar que no ha cumplido con un fallo emitido por este organismo que ordena resarcir los daños tras haber sido despedidos a mediado de los 90.

Tomás Segura dirigente de la Organización Víctima de la Ley 25 señaló que el Estado no les ha pagado seguros a las víctimas desde el año 2002 cuando la entonces presidenta de la República Mireya Moscoso realizó los primeros pagos.

Segura sostiene que de los 270 funcionarios afectados, alrededor de 40 han fallecido y dentro de la Organización Víctima de la Ley 25 son 15 funcionarios de los cuales dos han fallecido.

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Para la Organización Víctima de la Ley 25 lo preocupante es el desmejoramiento de la calidad de vida de estos funcionarios. Segura sostiene que hay víctimas jubiladas con salarios de 75 dólares quincenales cuando la canasta básica supera los 300 dólares, y muchos de ellos, al no tener seguro social debe hacer grandes gastos en atención médica privada.

Segura aclaró que no es que el Estado no haya realizado pagos a algunas de las víctimas, sino que los pagos realizados y homologados con la CIDH no son cónsonos con la realidad de cada trabajador.

Luis Batistas, otro de los afectados sostiene que el Estado panameño nunca ha dicho qué es lo que pagó a cada trabajador, y muchos perdieron hasta sus viviendas.

Batistas estima que el Estado panameño les estaría adeudando entre 25 a 30 millones de dólares, en tanto, el Estado solo les ofreció 20 millones.

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La Organización Víctima de la Ley 25 advirtió que seguirán en la lucha hasta tanto el Estado panameño acceda a revisar los montos de indemnización reales y cumpla con el pago de los seguros sociales de los exfuncionarios de los extintos IRHE e INTEL.

Según los exfuncionario el Estado panameño tampoco les ha pagado los décimos tercer mes correspondiente a los años 1989, 1990 y 1991.

Antecedentes

La Organización Víctima de la Ley 25 está conformada por exfuncionarios de los extintos Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) que fueron despedidos tras movilizaciones sindicales para exigir pagos de los décimos tercer mes suspendidos por el exgeneral Manuel Antonio Noriega y la no privatización de las empresas estatales.