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Panamá Ports invertirá 200 millones en segunda etapa
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El panorama para Panama Ports Corporation (PPC) ha cambiado radicalmente.La empresa adelanta conversaciones con el Gobierno para llegar a un acuerdo que permita la reubicación de los edificios que actualmente ocupa la autoridad del Canal de Panamá y que representan un costo hasta la fecha de 18.2 millones, según la compañía.El gerente de PPC, Alejandro Kouruklis explicó que se analiza la entrega de estas áreas, a fin de proceder al desembolso de 18.2 millones de dólares retenidos de las anualidades que tiene que pagar por el uso de los puertos.Según las estimaciones de la empresa, el puerto de Balboa generará beneficios a la economía nacional por más de 100 millones de dólares y un impacto fiscal superior a los 30 millones al año.Kouruklis enfatizó que la PPC, por la administración de las terminales de Cristóbal en el sector Atlántico y Balboa en el Pacífico, aporta más de 80 millones de dólares anualmente en concepto de salarios y compras al mercado local y las actividades marítimas relacionadas.El ejecutivo puntualizó que, desde que iniciaron operaciones en Panamá han invertido más de 130 millones de dólares, superando así el compromiso contractual que fijaba una inversión de 50 millones de dólares.La empresa tiene previsto hacer la inversión de 200 millones de dólares en la expansión de la III fase del Puerto de Balboa, siempre y cuando el gobierno cumpla con lo que establece el Contrato de Concesión en el Literal.En la cláusula 2.12 se destaca que El Estado debe garantizar a Panamá Ports Company el uso y la posesión plena y pacífica de los puertos de Balboa y Cristóbal.El literal g del mismo documento señala, que "se debe desocupar físicamente y entregar a la empresa al finalizar los tratados del Canal de Panamá, o antes de tal fecha, las áreas facilidades e instalaciones que actualmente ocupan dentro de los puertos, la comisión del Canal de Panamá y el gobierno de los Estado Unidos de Norteamérica, los cuales una vez desocupados constituirán activos de los puertos, sin costo para la empresa o para la autoridad portuaria nacional.Según el ejecutivo, queda entendido en la misma cláusula que esta obligación deberá cumplirse aunque dichas áreas, facilidades e instalaciones estén ocupadas por la Comisión del Canal de Panamá o por cualquier otra persona o institución gubernamental ya que es obligación del Estado entregar, tales áreas, facilidades e instalaciones a la empresa.La terminal de contenedores del puerto de Balboa incrementó la capacidad anual del puerto bajo administración estatal de 50 mil a 450 mil contenedores, bajo administración de Panamá Ports, convirtiéndolo en el terminal de contenedores más grande de la costa oeste de América Latina.Por su parte, el Gobierno ya ha dado los primeros pasos en esta negociación, al decidir darle a PPC, los mismos beneficios en materia de impuestos e incentivos que se le otorgan actualmente a Manzanillo International Terminal Panama.El Consejo de Gabinete resolvió autorizar al Ministerio de Comercio e Industrias que expida una resolución ministerial con la finalidad de que Panama Ports Terminal y Manzanillo International Terminal puedan gozar de los mismos derechos que confiere el artículo 2 de la Ley 12 de 3 de enero de 1996.En 1996 se aprobó el contrato de desarrollo, construcción, administración y dirección de una terminal de contenedores en el puerto de Coco Solo Norte, provincia de Colón, entre el Estado y Colon Container Terminal.La subsidiaria de Hutchinson reclamaba que el mismo sistema de cobro que se utiliza con los puertos Evergreen-Colon Container Terminal (CCT) y Manzanillo International Terminal (MIT).Entre los beneficios otorgados a las empresas portuarias Evergreen- Colon Container Terminal (CC&T) y Manzanillo Internacional Terminal (MIT), se desprenden el no pago de renta fija y el obtener el 100% de los ingresos sin pagar nada adicional al Estado, mientras que Panama Ports paga 22.2 millones por renta fija anual al Estado, además del 10% de la facturación bruta.Panamá Ports, decidió retener 18.2 millones de dólares de las anualidades que le tiene que pagar al Estado panameño por el uso de los puertos, pero la decisión unilateral marcha a un acuerdo bilateral regido por el contrato.