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'Delincuencia' en cambio de jueces a Ricardo Martinelli en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos

El cambio de los tres jueces del Tribunal de Juicio Oral repentino en el caso de los pinchazos, fue calificado como "sorpresivo y violatorio".

Luis Ávila - Actualizado:

Irregularidades en proceso sobre supuestos pinchazos telefónicos. Foto: Epasa

A última hora del de ayer, se cambió el Tribunal de Juicio Oral que actuaría en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos seguido al expresidente Ricardo Martinelli, lo que fue calificado por su equipo de defensa como un acto de "delincuencia".

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Sidney Sittón, abogado del exmandatario Martinelli, denunció que desde el mes de febrero pasado, la Segunda Oficina Judicial del Primer Distrito Judicial de Panamá ya había designado un Tribunal de Juicio Oral para este caso y en el día de ayer a última hora decidieron nombrar un tribunal nuevo. "Esto es algo nunca antes visto, esto ya es un delincuencia, esto es ser delincuentes", enfatizó el jurista.

"Hoy, martes 9 de febrero, el tribunal asignado emitió el auto número 2 mediante el cual remite al Juez de Garantía del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá en turno, la solicitud de audiencia de Control de Afectación de Derechos y Garantías, presentada en la causa número 138-15 seguida al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, por el supuesto Delito de Interceptación de Comunicaciones Sin Autorización Judicial, a fin de que sea atendida, por ser de su competencia", indica parte de la nota que le envío el Órgano Judicial a la defensa de Martinelli ayer.

"¿Qué fuerza superior hizo que Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio, haya cambiado el Tribunal de Juicio (juez natural) de Ricardo Martinelli. Inédito, ilegal inconstitucional y violatorio de convenios internacionales", cuestionó eljurista Sittón.

Se pudo conocer que fueron designadas a última hora de ayer tres juezas para el juicio: Iveth Francois, Jennifer Saavedra y Marysol Osorio.

Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del exgobernante panameño, ante esto que señaló: "sorpresivo y violatorio cambio de jueces para ilegal segundo juzgamiento para Martinelli. Iveth Francois, Jennifer Saavedra y Marysol Osorio; son las tres fichas que movió la magistrada María Eugenia López; sigue la manipulación política de la justicia".

Por su parte, el propio Martinelli, a través de su cuenta de Twitter indicó: "De seguro es una orden del vicepresidente Carrizo a la quien manda en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), la magistrada María Eugenia López. Sin imputar, caso fabricado, absuelto, dos veces juzgado, prescrito y aún así me quieren condenar. Aquí sí no hay justicia ni debido proceso. Venezuela es más democracia".

Insistirán en prescripción

Por otro lado, la defensa de Martinelli insistirá en que la Corte Suprema respete su propia jurisprudencia, en el sentido de que la presentación de la querella no es equivalente a una imputación de cargos.

Alma Cortés, abogada del exmandatario Martinelli, indicó que existen siete fallos de la Corte que fueron presentados en su momento a la jueza de garantías, Elkis Martínez, que no fueron valorados, en los cuales se deja claro que la admisión de una querella no equivale a una imputación de cargos en el caso de los diputados de la República.

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Afirmó que este concepto fue reafirmado en los casos seguidos a los diputados Arquesio Arias, Mario Lazarus, entre otros.

Agregó que la jueza, siguiendo su propio criterio y atendiendo lo que dice el artículo 210 de la Constitución en el sentido de que ella debe obedecer lo que dicen sus superiores, estableció que la prescripción de estas acciones penales se da en diciembre de 2021.

Luego de esto, la defensora indicó que se fue al Tribunal de Apelaciones y se les volvió a entregar todos los insumos en los que se demuestra que estos delitos están prescritos.

"Uno de ellos es que debe aplicarse el artículo 46 de la Constitución que indica que las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social, cuando así lo expresen. En materia criminal, la ley favorable al reo y tiene siempre preferencia y retroactividad", sentenció la jurista.

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Recordó que la jueza determinó que hubo interrupción de la prescripción cuando le admitieron algunas querellas y compulsas de copia en este caso el día 8 de junio del año 2015, "pero para nosotros no hay interrupción, porque no hubo imputación, porque según la propia acusación de la fiscalía, los hechos cesan entre el 4 de mayo del año 2014 y 11 de diciembre de 2015, cuando se cita a Martinelli para la audiencia de acusación, saltándose la imputación, allí pasaron 19 meses", puntualizó.

Ante esto, la abogada subrayó que el proceso de extradición y de rebeldía, según el artículo 117 del Código Procesal Penal, numerales 1 y 2, el proceso se suspende y no se interrumpe, "lo que significa que el tiempo transcurrido se le acumula a la persona, no se pierde".

Cortés recordó que frente a esto, cuando Martinelli regresó al país el 11 de junio de 2018, se activó nuevamente el tiempo de prescripción, que a la fecha de hoy suman 35 meses, más los 19 anteriores, dan un total de 54 meses.

"Al restar 54 menos 48, estamos hablando de que este caso sobre los supuestos pinchazos telefónicos seguido al expresidente, Ricardo Martinelli, tiene más de siete meses de estar prescrito, ese es el debate que vamos a tener en el día de hoy", señaló.

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Corte que decida

La exministra de Trabajo recordó que en el caso del diputado Arquesio Arias se dio una situación parecida a la de Martinelli, en donde la magistrada jueza de garantías, Maribel Cornejo, en un desestimiento, dijo que el caso fue remitido al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque fue el que admitió la querella.

"Este debe ser el caso el día de hoy, en donde al juez de garantías que le toque enviar en consulta de prejudicialidad, explicándole a los magistrados que la defensa dice que hay prescripción y los querellantes dicen que no hay, se diga si la resolución del 8 de junio de 2015 la interpretan o no como una imputación" explicó.

El expresidente Martinelli ha denunciado de forma reiterada que sus derechos han sido vulnerados.

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