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Investigan a supuestos ligados al Cartel del Golfo

Luego de la audiencia de imputación del día de ayer, el Ministerio Público cuenta con seis meses para investigar a estas cuatros personas.

Luis Ávila - Actualizado:

Llegada de una de la imputadas ayer por este caso. Víctor Arosemena

Tony NG, donante y proveedor del gobierno de Juan Carlos Varela, a través de la empresa Asia Latin S.A., afronta cargo por blanqueo de capitales, luego de su vinculación dentro de la operación 'Ares'.

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NG, quien cuenta con 35 sociedades anónimas dentro de las cuales maneja tiendas de abasto, farmacias, supermercados y distribuidoras fue detenido el pasado lunes, en horas de la noche, abordo de un Lamborghini color naranja, en donde se le encontró 200 mil dólares.

Asia Latin S.A., empresa vinculada a NG, pertenece a Royal Holding Group, la cual fue inscrita el 21 de enero de 2009 y en 2014 se hizo un cambio de directiva, en el que NG aparece como presidente.

Hay que destacar que Tony reconoció en una entrevista en un medio que es vecino y amigo de Taher Yaffar, ministro consejero en el gobierno del expresidente Varela.

VEA TAMBIÉN: Imputan cargos a sujeto que era proveedor del gobierno de Juan Carlos Varela

En este caso, también fue imputado de cargos por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, conspiración y posesión simple de drogas, Ernesto Marcel, alias "Chibata", hijo del excampeón mundial de boxeo Ernesto "El Ñato" Marcel.

De acuerdo a la teoría leída por el fiscal del Ministerio Público (MP), Miguel Gallardo, alías "Chibata" es supuestamente el enlace en Panamá del Cartel del Golfo de México.

Frente a esta afirmación, el abogado Gonzalo Moncada Luna, defensor de Marcel, le comunicó a la fiscalía que eso será algo que tendrá que probar en los seis meses de investigación que se dio como plazo en este caso.

La fiscalía reveló en la audiencia que a Marcel se le decomisó dentro de un apartamento, la suma de 12 mil 300 dólares y la cantidad de 6.25 gramos de drogas, dentro de una caja fuerte, la cual fue abierta el mismo el día en que se le capturó.

El Ministerio Público también indicó que dentro de esta operación se incautó la suma de 90 mil 800 dólares, dentro de un armario, en un segundo apartamento propiedad de Marcel.

También, se hizo el decomiso de $180 mil en un apartamento continuo al de alias "Chibata", luego de que un ciudadano denunciara la aparición en su apartamento de una bolsa con esta gran cantidad de plata, la cual no le pertenecía.

Como parte de esta operación, también se aprehendió una finca en Boquete, propiedad de Ernesto Marcel, así como el auto Lamborghini propiedad de Tony NG y otros vehículos de alta gama.

En ese allanamiento, también se detuvo a Natalia Otero, de nacionalidad colombiana y pareja sentimental de Marcel. A la misma, se le imputó cargo por blanqueo de capitales, pero en calidad de cómplice primaria.

Reyes se autoinculpa

Dentro de esta audiencia, también se imputó cargos a Gary Reyes, un promotor y manager de artistas, el cual dentro de esta operación fue aprehendido en su apartamento con 123 paquetes de supuesta droga, la cual tenía un peso de 133 kilogramos, según indicó el fiscal Gallardo.

A Reyes dentro de esta diligencia también se le incautó la suma de 18 mil dólares, dinero al cual se le hizo pruebas de "Ioscan", dando positivo de supuesta cocaína.

Hay que destacar que Reyes, antes de culminar la audiencia, le comunicó al juez de garantía, Raúl Urriola, que el era el único responsable por la incautación de 123 paquetes de droga y que tanto Marcel, como NG y Otero no tienen nada que ver con esa sustancia.

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Tanto NG, como Marcel, le solicitaron al juez que evaluara la posibilidad de que su detención fuese cumplida en El Renacer, debido al proceso que enfrentan, petición a la cual Urriola accedió, por tratarse de un tema de derechos humanos.

Hay que destacar que los abogados defensores de Otero y NG apelaron la medida cautelar de detención aplicada por el juez Urriola a sus clientes, ya que ambos pedían medidas menos severas, las cuales no fueron accedidas por el letrado.

En razón de esto, se agendó para el próximo martes 18 de febrero, la audiencia de apelación ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de la provincia de Panamá.

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