Jueza Baloisa Marquínez ante una labor titánica de calificar el expediente de Odebrecht

La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, encargada de calificar el sumario del caso Odebrecht, tiene en sus manos la titánica labor de evaluar un expediente que cuenta con más de un millón 700 mil fojas, repartidas en 2,500 tomos.

Luego de escuchar los alegatos de los defensores, así como la posición de la Fiscalía Anticorrupción, en cuanto a los escritos de oposición a la vista fiscal, el pasado 28 de septiembre Marquínez manifestó que se acogía al término para tomar una decisión de sobreseer o llamar a juicio dentro en este caso.

La ley establece que la juzgadora tiene 30 días hábiles para tomar está decisión o un día por cada 50 fojas del expediente, tal cómo lo explica el Libro II del Código Judicial.

En base a este último argumento y teniendo en cuenta el volumen del expediente (más de un millón 700 mil fojas), si la jueza decide acogerse a este último punto señalado, se podría decir que la misma contaría con más de 36 mil días hábiles para hacer una debida calificación del expediente de Odebrecht.

Transformado en años, se estaría hablando de más de 50 años, tal cómo han señalado algunos abogados dentro de este caso.

Usando como referencia otros procesos en los cuáles Marquínez ha actuado como jueza, la misma no ha fallado a la ligera, tal como está sucediendo con el caso Lava Jato.

En este expediente, el pasado 8 de marzo la juzgadora se acogió al término de ley, para calificar el sumario seguido a 38 ciudadanos, imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

Hasta la fecha, en este expediente, el cual es mucho más chico que el del caso Odebrecht, la misma todavía no ha tomado una decisión de sobreseer o hacer un llamamiento a juicio para estas personas.

Cabe destacar que el expediente de esta causa consta de 291 tomos.

Este medio conversó con algunos abogados del caso Odebrecht, para tener su reacción frente a cómo debe actuar la jueza, frente a un expediente tan grande.

Para la exprocuradora de la Nación, Ana Belfón, es evidente que se está ante un expediente voluminoso y que el Código Judicial establece la forma en que una juez debe pronunciarse.

Frente a esto, Belfón dijo que está es una labor que le podrá tomar meses.

En cuanto a sus expectativas que se pueda tomar con los imputados la mismos señaló que el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Anticorrupción, a algunos les imputó un tipo penal que no le es aplicable, esto al hablar del soborno internacional.

La exfuncionaria en este caso representa a la señora María Bagatela, para la cual espera se le dicte un sobreseimiento definitivo, ya que la misma está enferma y cuando esto se da la tienen que separar del proceso, algo que es compartido por la Fiscalía.

Por su parte, otros abogados consultados indicaron que la jueza tiene la labor de evaluar todos los elementos que se le presentaron como prueba en la audiencia, algo que no se hace en uno o dos meses.

Explicaron que la jueza no puede actuar en base a presiones mediáticas, políticas, ni sociales que son realizadas por algunos sectores, sino debe hacerlo con independencia.

Recientemente, la abogada Gladys Quintero, dijo que la jueza "no la tiene nada fácil", esto en su labor de evaluar el expediente.

Resaltó que la jueza tiene una dura labor de revisión de un expediente complejo y extenso.

"Yo creo que el Ministerio Público no quedó muy bien parado en su argumentación sobre el delito precedente, delitos de vinculación en blanqueo de capitales", dijo.

Quintero señaló que el Ministerio Público (MP) no logró más allá de toda duda razonable, demostrarle a la jueza que los hechos que trajo para llamar a juicio tanto a su representado José Alvarez Porta, como a los otros 49 imputados, no se configuran con lo que establece la norma en el Código Judicial.

Dentro de la audiencia del caso Odebrecht, de forma unánime los abogados defensores le indicaron a la jueza Marquínez, que la Fiscalía , imputó a sus clientes por el supuesto delito de blanqueo de capitales de un delito precedente de un soborno internacional, algo que no se dio en este caso.

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