Juan Carlos Varela mantiene fichas en los estamentos de seguridad

El expresidente Juan Carlos Varela no solo tiene a su favor una red operativa de espionaje clandestino liderada por el exdirector de la Policía Nacional, Omar Pinzón, sino que además controla posiciones claves que fueron nombradas por el ctual gobierno.

Un informe de inteligencia reveló que Varela logró que el actual ministro de Seguridad, Juan Pino, colocara a Marcos Córdoba como jefe de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública, una figura que en el gobierno pasado fue director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

De acuerdo con el documento, la nueva misión de Córdoba sería cubrir el tráfico de "clorato" para la mina de cobre y el trasiego de armas que se dio en el gobierno de Varela para supuestos miembros de la mafia china, caso en el que habría estado involucrado Ovidio Fuentes, quien es la fuente protegida en el caso de las armas del fiscal Emeldo Márquez, de acuerdo con el informe de inteligencia al que tuvo acceso este medio.

El informe también reveló un supuesto plan para reemplazar al actual director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, misión que estaría dirigida por Eric Espinoza del Consejo de Seguridad y los comisionados Jorge Escobar y Gabriel Medina, todo en favor de intereses del expresidente Juan Carlos Varela.

Otra parte de los informes obtenidos por este medio revelan cómo el exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando "Picuiro" López, habría realizado en el gobierno de Varela una serie de allanamientos sin tener competencia y de forma ilegal en búsqueda de documentos para armar casos contra el exmandatario Ricardo Martinelli.

La información detalla que "Picuiro" López habría encargado parte de este trabajo a la capitán Damaris Rodríguez, exjefa de administración pública de la DIJ.

"Era la que llevaba los expedientes amañados con los que buscaban imputar cargos a RM, inventaban falsas fuentes, redactaban informes de informaciones falsas obtenidas, hacían seguimiento y vigilancia a políticos, abogados, empresarios; sin estar debidamente comisionados por la autoridad competente", detalla el informe.

Este grupo integrado por López, la capitán Rodríguez, Jacinto Gómez y Tión, junto con el Ministerio Público, se encargaba de coaccionar, amenazar e intimidar a personas que citaba la fiscalía, todo con la finalidad de que declararan contra RM (Martinelli), sostiene el informe.

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También contaban con la complicidad de la Contraloría, Alejandro Melo de la Unidad de Análisis Financiero, Humberto Brid y Carlos García de la Contraloría General, este último hoy viceministro de la Presidencia.

Hoy, la estructura varelista de persecución sigue activa a través de una red que mantiene control de actuales funcionarios policiales, a través del exdirector Omar Pinzón, quien se encuentra con una medida de casa por cárcel dentro de un caso por supuestas armas ilegales.

Esta estructura tendrá conexiones con bandas organizadas de criminales nacionales, el Clan Usuga de Colombia y el Cartel de Sinaloa en México.

Incluso, dentro de esta red se menciona a un exdirector del Senafront del gobierno de Varela que habría comprado uniformes y botas a una empresa colombiana vinculada al Clan Usuga.

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En el pasado gobierno, la embajada de Estados Unidos vetó a Eric Estrada como director de Senafront, pero el ex presidente Varela lo protegió.

Para el abogado penalista Valentín Jaén, es "alarmante y preocupante lo que está saliendo a la luz publica sobre esta supuesta red de espionaje, ya que si es cierta dicha información, estamos ante un evidente "peligro jurídico" .

Jaén agregó que ante esto, no se cuenta con una definición real sobre quién maneja los estamentos de seguridad nacional.

A su juicio, el Ministerio Público debe tomar toda la información que está saliendo a la luz pública como noticia criminal e investigar estos supuestos hechos.

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"Lo que quiere la sociedad civil, lo que queremos los abogados es que todo acto que guarde relación con la seguridad pública, la seguridad nacional sea transparente y sin la intervención de elementos que en un debido momento estuvieron gobernando y fue cuestionada su gestión", puntualizó el abogado.

Jaén reiteró que el Ministerio Público debe investigar esto y de confirmar que es cierto, debe aplicar todas las consecuencias jurídicas, ya que esto se trata de atentar contra la seguridad interna del Estado panameño.

"Sería saludable que el Ministerio Público inicie una investigación cuanto antes por estos hechos, ya que este país lo que quiere es transparencia y seguridad jurídica, pero en ese tipo de actos, de ser ciertos, no nos dan nada de esto", dijo el penalista.