Grupo opositor espera que Ortega adelante las elecciones tras sanción a su esposa
Esas acciones gubernamentales, agregó, han dejado como saldo más de 400 muertos, 600 presos políticos, más de 1,000 heridos, más de 50,000 refugiados y perseguidos políticos, y más de 400.000 personas desempleadas.
e prohíbe a cualquier estadounidense que realice negocios con los designados, y la Casa Blanca comunicó que la entrada de los sancionados en el país ha quedado suspendida. FOTO/EFE
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco pidió al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acepte adelantar las elecciones generales, previstas para el 2021, con el fin de superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril y que ha dejado cientos de muertos.
"La Unidad Nacional Azul y Blanco llama una vez más al gobierno Ortega-Murillo a resolver esta crisis por la vía dialogada y pacífica, que ponga fin a este estado de excepción, y permita encontrar la salida inmediata del régimen y establecer un calendario de elecciones adelantadas al 2019", abogó esa Unidad en una declaración.
La Unidad hizo ese llamamiento a raíz de la sanción impuesta por Estados Unidos a la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del presidente Ortega.
Las sanciones, impuestas por orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier "propiedad o intereses en propiedades" de Murillo o Moncada que estén en manos de un estadounidense o bajo jurisdicción estadounidense.
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Además, se prohíbe a cualquier estadounidense que realice negocios con los designados, y la Casa Blanca comunicó que la entrada de los sancionados en el país ha quedado suspendida.
El Gobierno de Nicaragua rechazó "con contundencia" esa decisión de Estados Unidos.
Según la Unidad Nacional, "los sancionados por este decreto están entre los responsables directos de los crímenes cometidos durante la más sangrienta y cruel represión de nuestra historia, documentados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, condenados por la mayoría del pueblo de Nicaragua y de la comunidad internacional, convirtiéndose en un régimen inhabilitado para gobernar nuestros país".
"El gobierno Ortega-Murillo lleva al país al borde del abismo, crisis que impacta en la vida política, económica y social del pueblo nicaragüense", continuó.
Para ese grupo opositor, el único responsable de esta situación "es este gobierno totalitario, quien nunca escuchó al pueblo nicaragüense, a los organismos internacionales de derechos humanos y de la comunidad internacional, que reiteradamente han demandado el cese de la violencia, persecución, militarización y la represión institucional".
Esas acciones gubernamentales, agregó, han dejado como saldo más de 400 muertos, 600 presos políticos, más de 1,000 heridos, más de 50,000 refugiados y perseguidos políticos, y más de 400.000 personas desempleadas.
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En su declaración, la Unidad Nacional también demandó el retorno al país de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Asimismo, llamaron a toda la comunidad internacional, embajadas, Grupo de Trabajo de la OEA sobre Nicaragua, y Unión Europea "a sumarse a este llamado de alerta por las graves violaciones a derechos humanos que padece el pueblo nicaragüense haciendo uso de los mecanismos diplomáticos que les asisten así como de forma pública".
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 a los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.