El alto precio de una ilegalidad

LOS DUEÑOS de unas 500 mil residencias prefieren correr el riesgo de perder la vida hurtando energía a través de conexiones ilegales, que pagar alrededor de B/.

20 mensuales por recibir este servicio de forma segura.

Esa decisión llega a costarles la vida.

Información proporcionada por la empresa Elektra Noreste indica que en el 2006 murieron tres personas al electrocutarse cuando tocaron una conexión ilegal o "telaraña".

Sin embargo, estos hechos no han sido suficientes para crear conciencia en las personas.

Lo más alarmante de la situación es que en los lugares en los que están colocadas las telarañas, los niños son los más perjudicados porque juegan con los cables, ignorando que la intensidad de la corriente puede matarlos.

Precisamente ya este año se registró la primera víctima fatal en el corregimiento de Tocumen.

Allá, hace una semana, perdió la vida Vladimir Cruz, un niño de sólo dos años.

Él recibió una descarga eléctrica al tocar una "conexión bruja" mientras jugaba en el patio de su casa, donde estaba colocada la telaraña.

En este caso, la empresa manifestó que no tomaría acciones contra la familia del menor, pero sí estaría tras la pista de este delito por medio de los operativos que realizan.

Anualmente la empresa Elektra Noreste pierde unos B/.

10 millones por el hurto de energía por medio de las conexiones ilegales.

Esto representa una pérdida del 4% de la energía que se le compra a las generadoras.

De estas estadísticas se desprenden las 500 mil casas mencionadas.

Una familia promedio tiene en su casa, por lo menos, dos focos, una refrigeradora, un televisor, una plancha y una radio.

Las empresas encargadas de dar el servicio de electricidad en las residencias consideran el robo de luz como un problema social que se les ha escapado de las manos a ellos y a las autoridades.

Yinnis Solís de Amaya, gerente comercial de distribución de Unión Fenosa en el área de Panamá, explicó que las telarañas se han convertido en un problema social que va de la mano con el aumento de las barriadas precaristas.

Según la gerente comercial de Unión Fenosa, lo que sucede con estas personas es que no se les puede incorporar al servicio, con su respectivo medidor, porque son invasores de terreno que no tienen su debido título de propiedad.

"Si nosotros le brindamos el servicio, el problema legal sería más adelante para nosotros con los dueños de los terrenos que ellos están invadiendo", señaló.

Indicó que en estos lugares el problema es "algo de nunca acabar" precisamente porque cuando las empresas detectan el problema, las personas vuelven a conectarse.

Los focos fluorescentes de nueve watts consumen 0.

50 centavos mensuales si está encendido 12 horas al día, mientras el común de 40 watts consume B/.

1.

75.

Un televisor prendido 12 horas al día consume alrededor de B/.

4 dólares al mes, mientras que el radio encendido ocho horas diarias consume 0.

90 centavos.

Una refrigeradora pequeña, de unas 11 pies cúbicos y de 200 watts encendida las 24 horas consume B/.

12 al mes, mientras que una plancha, cuatro horas a la semana, tiene un costo de B/.

2.

50 al mes.

El hurto de energía se clasifica en dos tipos.

El primero de ellos es el fraude, que comenten los clientes que tienen su medidor y los alteran para reflejar un consumo menor al que realmente tienen.

El segundo son las conexiones ilegales que son realizadas por personas que no tienen contrato con la empresa distribuidora y establecen directamente sus conexiones a las líneas de distribución.

Ambos casos son sancionados.

Las penas incluyen la cárcel.

Actualmente el Código Penal, en su artículo 181 y subsiguientes, incluido en el Título IV, señalan taxativamente lo que se debe entender por hurto y las sanciones que pueden ir de seis meses a dos años y de 30 meses a seis años de prisión.

Lorena Fábrega, de la empresa Elektra Noreste, señaló que los corregimientos en donde más se detectan casos de conexiones ilegales son Belisario Porras, Belisario Frías, Alcalde Díaz, Arnulfo Arias, Juan Díaz, Tocumen y Chilibre.

Allá se interviene con ayuda de la Policía Nacional.

Adicional a los posibles riesgos físicos que el hurto implica, se desmejora la calidad del servicio ofrecido a los clientes, provocando fluctuaciones de voltaje que pueden dañar sus equipos eléctricos.

Para Fábrega, un logro que se ha hecho a través de un acercamiento con el usuario y con el apoyo de los municipios y las corregidurías, es legalizar a más de 78 mil usuarios del 2000 al 2006.