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Interpol captura a Galo Lara en la provincia de Veraguas

Tito Galo Lara Yépez ingresó fuertemente escoltado por “linces” a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), saludando con los pulgares arriba, mientras unas esposas le impedían su libre movilidad, detrás de los vidrios ahumados de un auto, donde fue trasladado.

D. Araúz/M. Vásquez (nación.pa@epasa.com) - Actualizado:

Interpol captura a Galo Lara en la provincia de Veraguas

8 meses tiene de estar en el país, el exlegislador ecuatoriano, desde que ingresó por Puerto Obaldía.Tito Galo Lara fue condenado por ser cómplice en triple homicidioEl exlegislador del partido Sociedad Patriótica fue sentenciado en Ecuador a 10 años de cárcel por ser cómplice de un triple crimen ocurrido en agosto de 2011, sentencia que fue ratificada por un tribunal penal ecuatoriano en noviembre de 2013.Tras dictaminar la condena, se dispuso la inmediata captura y detención del exasambleísta, apoyado en el artículo 450 del Código Penal de Ecuador.Lara había sido declarado inocente, pero la sala aceptó el pedido de condenarlo, solicitado por la familia de los fallecidos.El caso Quinsaloma, como se le denominó, se inició el 4 agosto de 2011, cuando Carlos Llanos, Silvia Parco y su hijo menor de edad, fueron asesinados en ese cantón.Carolina Llanos y Galo Lara fueron declarados como las mentes detrás del crimen por la Fiscalía ecuatoriana.Actualmente, Llanos, madre de dos hijos de Lara, cumple una pena de 20 años de cárcel en su país natal.

Tito Galo Lara Yépez ingresó fuertemente escoltado por “linces” a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), saludando con los pulgares arriba, mientras unas esposas le impedían su libre movilidad, detrás de los vidrios ahumados de un auto, donde fue trasladado.

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El revuelo se inició desde la madrugada del lunes, cuando se capturó a Lara en el sector de Soná, provincia de Veraguas, tras información de inteligencia de la Policía Nacional e intenso operativo, según el comisionado Carlos Alberto Rumbo, jefe de la Zona de la Policía Nacional de esa región.

Lara fue ubicado en el sector de playa Arrimadero, escondido dentro de la residencia de una reconocida familia del sector, la cual será citada para una declaración indagatoria para determinar los posibles nexos.

Debido a la solicitud de extradición, la Procuraduría General de la Nación emitió una orden de aprehensión contra el exdiputado ecuatoriano de 46 años, quien es requerido para cumplir una condena de 10 años de prisión como cómplice de un triple asesinato en su país.

Sobre este caso, Pedro Granjas, parte de la defensa de Lara en el lado ecuatoriano, dijo que solicitan al ministro de Interior de Ecuador, José Serrano, que lo traigan al hospital de la PP.NN. en Guayaquil, por su delicado estado de salud.

Según José Nelson Brandao, abogado del ecuatoriano, hace unas semanas se entregó ante la oficina nacional para los refugiados, una reconsideración que aún está en trámite, además una petición ante el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la República para reconsiderar su asilo.

Brandao señaló que la actividad de detención es impropia y presentó de inmediato los habeas corpus necesarios ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El jurista panameño indicó que pide y exige se falle el recurso de reconsideración interpuesto.

El asilo de Lara fue revocado por parte del gobierno de Ricardo Martinelli, el 19 de mayo, a lo que Brandao manifestó que no existe una decisión en firme del estatus de su defendido y que solo la oficina de refugiados debe decidirlo. “Tiene que pronunciarse la Presidencia de la República, tiene que haber una valentía de poder finiquitar el proceso administrativo”, puntualizó el jurista.

El abogado Brandao expresó que Lara ha recibido múltiples amenazas de muerte desde su arribo a Panamá, procedente de Colombia.

Por esta detención, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño dijo hoy a periodistas que el exdiputado mantiene orden de extradición, por lo que espero que este cumpla su condena “lo más pronto posible, como corresponde en Ecuador”.

Patiño destacó también las acciones por parte del Gobierno panameño al comprender que no se trataba de un problema político sino de un delito común.

Dada la detención de Galo Lara, este fue remitido a la Oficina Nacional de Interpol ubicada en la sede de la DIJ, en Ancón, donde se mantiene a órdenes del Ministerio Público y la Cancillería.

Lara, esposado y escoltado por miembros de la DIJ, gritó fuertemente: “soy un perseguido político por denunciar a Correa”, mientras era trasladado adentro de las instalaciones de la institución.

 

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